La previsión es que hoy concluya el plazo de presentación de enmiendas a la iniciativa de derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, promovida por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y popularmente conocida como ley mordaza, aprobada por el Partido Popular (PP) en 2015. Hasta el último momento, pues, habrá discusiones y contraposición de ideas. Ojalá que el ambiente que ha caracterizado las últimas sesiones parlamentarias sea bien distinto. Pero nadie se extrañe que los grupos de oposición señalen durante el debate o en las declaraciones posteriores que la derogarán cuando accedan al gobierno, un propósito que tiene más de bravata que otra cosa.
Por fin, ¿habrá o no pelotas de goma en los protocolos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el caso de producirse alteraciones o incidentes en las manifestaciones y concentraciones públicas? Es una de las grandes incógnitas de la tramitación. Según ha informado la agencia Europa Press, fuentes conocedoras de la negociación entre los partidos que integran la coalición gubernamental, existe una propuesta de base, aunque no definitiva, para impedir el uso de material que cause lesiones irreversibles en las intervenciones policiales cuando se registren incidentes en las protestas.
Pero también habrá que determinar el importe de las sanciones que habrán de aplicarse a posibles infractores. Se quiere precisar un criterio de proporcionalidad, vinculado a la capacidad de ingresos de los manifestantes para sustanciar una posible reducción en los importes. Según Europa Press, en las conversaciones mantenidas “específicamente se discute cómo reducir a la mitad la sanción para quienes cobren menos de 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y otra franja del 25 % para aquellos que se sitúen en la escalada entre 1,5 y 2,5 veces del SMI.
Los dirigentes de PSOE y Unidas Podemos ya han llegado a consensos en otras materias, como los cambios consistentes en sacar del texto las referencias a los asuntos de extranjería y como es el caso de las devoluciones en caliente de los migrantes irregulares.
También han preacordado dejar sin sanciones las manifestaciones pacíficas no comunicadas, “pues solo comportarán consecuencias si se producen desórdenes públicos o violencia”. Un avance en lo que concierne a registros corporales e identificación: será necesario consignar por escrito la motivación del agente que lleve a cabo comprobaciones en la vías pública. A su vez, los registros limitarán los desnudos parciales y si estos deben realizarse de forma inmediata, será en un lugar que cuente con la «debida garantía de protección de la intimidad».
A lo largo de las últimas fechas, los grupos parlamentarios han venido preparando una enmienda conjunta para reducir el tiempo de identificación en comisarías. Se quier fijar un máximo de dos horas. Una vez concluida la diligencia, la persona identificada deberá ser “devuelta” al lugar desde donde fue conducida si se hubiera realizado en otra localidad.
Finalmente, en lo que respecta a las reclamaciones de medios de comunicación, ha trascendido que no se podrá sancionar la toma y difusión de imágenes cuando no afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de los policías o sus familias. Asimismo, las grabaciones de las intervenciones policiales con videovigilancia móvil deberán hacerse constar en cada atestado de actuaciones en la vía pública conforme a la Ley de Protección de Datos y deberán ser custodiadas por si son requeridas por la autoridad judicial.
Hay avances, desde luego, a favor de una norma que esté a la altura de una sociedad que, por lo general, al menos en algunos territorios, suele traspasar los límites del comportamiento en un derecho fundamental de un sistema democrático. Y uno de sus principios, desde luego, es la protección de las libertades.
Pero no hay que lanzar campanas al vuelo. Veamos qué dicen los sindicatos.
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