FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Casas alquiladas | Francisco Pomares

Dieciocho viviendas ya construidas: esa es la punta de lanza de la apuesta del Gobierno regional para atender a las familias que han perdido su casa y todos sus bienes en La Palma. El Gobierno de Canarias había anunciado hace algunas semanas la entrega de las primeras 18 viviendas de un total de 200 que se comprometió a poner a disposición de los más afectados antes de acabar este año. El presidente aseguró que se entregarían con carácter inmediato, dentro del mes de octubre. Hace unos días, Torres anunció que a pesar del retraso, las viviendas estarían disponibles la semana pasada, y el viernes, ante las dificultades burocráticas surgidas para escriturar las propiedades a nombre del Gobierno, se dijo que la entrega sería  finalmente ayer. Y bueno, no ha sido exactamente así: ayer comenzó el proceso de entrega con cuentagotas de las primeras cinco de esas 18 casas, en Fuencaliente. Un comité técnico realizó las entrevistas y baremaciones para seleccionar a las familias que se alojarán en esas viviendas, que se ceden en régimen de alquiler exento el primer año, y con una bonificación del 90 por ciento los dos años siguientes, que podría ser prorrogada si el ‘período de transición’ –así lo denomina el consejero Franquis- no se hubiera resuelto. Hasta la fecha el comité técnico ha tramitado ya tres centenares de informes, identificando a las 160 primeras familias que se han quedado sin nada. A esa familias es a las que se ofrece esta situación de alquiler muy primado, una solución temporal, que se mantendrá probablemente entre tres y cuatro años, hasta que finalice la fase de reconstrucción de las casas perdidas, si es posible cerca de dónde estaban antes de que el volcán las arrasara o en algún lugar que decidan los afectados de entre las opciones que puedan ofrecer los ayuntamientos.

Mientras se inicia el reparto de las otras trece viviendas ubicadas en Tazacorte, previsto para hoy, algunas preguntas obsesionan a los afectados: la primera es lo que puede tardar la reubicación provisional de todas las familias. No parece muy probable que vaya a resolverse en este año. De hecho, a este ritmo, es difícil incluso que se pueda instalar a las primeras doscientas familias que el Gobierno pretende reubicar en domicilios provisionales ante de que el año concluya. Y luego está lo del alquiler: a los afectados se les ha garantizado que se les repondrán sus viviendas con recursos cedidos por los gobiernos de Canarias y del Estado, y en terrenos que cedan los Ayuntamientos. O quizá no es eso lo que se les ha dicho, pero es eso lo que han entendido y hemos entendido todos. Ahora, lo que se les plantea es un alquiler exento durante el primer año y muy primado los siguientes.

Pero sigue siendo un alquiler. Si en los primeros años, cuando el impacto emocional es más fuerte y la respuesta política más comprometida, el Gobierno tiene que cobrar una pequeña parte de ese alquiler… ¿Qué hace pensar que tres o cuatro años después va a poderse regalar casas a los afectados?  De hecho, con la legislación actual no puede hacerse, y lo que queda es la sensación de que el Gobierno recurre a un lenguaje tramposo, en el que no se aclara cómo se hará cargo de la reconstrucción, si ni siquiera puede eximir del alquiler a los damnificados.

No se deben pedir al Gobierno soluciones milagrosas, ni esperar que incumpla las leyes. Pero las situaciones excepcionales requieren de respuestas excepcionales: no se explica que si se puede exonerar de todo el alquiler a los beneficiados por una vivienda pública durante un  año, no pueda hacerse durante todo el tiempo que dure el periodo de transición. ¿Es un imperativo legal  para el Gobierno cobrar un diez por ciento de los alquileres a partir del primer año?  ¿O es una ocurrencia? Hacen falta respuestas claras. Más que pedirle cuentas al Gobierno por los retrasos, fruto de imponderables y de cierto optimismo al enfrentarse a la complejidad de la situación, lo que habría que exigir son certezas. ¿El Gobierno va a entregar nuevas viviendas sin coste a los palmeros desahuciados por la lava, como prometió Ángel Víctor Torres? ¿A todos los que lo han perdido todo? ¿A algunos, quizá a los más necesitados? ¿A nadie? Tienen que aclararlo. Saber a qué atenerse en el futuro es lo más importante ahora para esas familias.

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