FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Sueldos | Francisco Pomares

Los sueldos de los cargos públicos del Gobierno de Canarias no subirán este próximo año el 2 por ciento que -sin embargo- sí aumentará el salario del resto de los funcionarios. El proyecto de Presupuestos no incluye la subida, después de dos años haciéndolo.

El consejero de Hacienda, Román Rodríguez, que ante las criticas en esas dos ultimas ocasiones dijo que se subían las retribuciones porque era inevitable, porque la ley no permitía hacer otra cosa, ha señalado en esta ocasión que no subirse el salario es una clara expresión de compromiso con la sociedad. Y es cierto, pero si es cierto ahora que puede evitarse la subida, no puede ser cierto lo que se dijo en las dos ocasiones anteriores. Mintieron. Como en tantas otras cosas.

Pero esa no es la cuestión.

La cuestión es que este asunto del salario de los políticos debería regularse y establecerse de una vez por todas. Quienes se dedican a la política son funcionarios públicos. Lo son de una forma distinta -por elección directa de los ciudadanos o por nombramiento de sus líderes- y no por haber ganado una plaza en la administración. Pero siguen siendo funcionarios. Lo razonable sería equiparar los procedimientos para recompensar su trabajo y -ya de paso- también sus tablas de salarios a las del resto de los funcionarios.

La polémica recurrente sobre las actualizaciones anuales de sueldo lo que esconde es el rechazo a un debate que en este país nunca se ha emprendido, que es el de por qué un funcionario público que ocupa un puesto por elección o nombramiento político puede cobrar mucho más de lo que cobra un funcionario público que desarrolla un trabajo de ámbito o responsabilidad similar, tras ganar una oposición o ser contratado por un procedimiento de selección laboral.

En este país, en el que es hay más políticos por metro cuadrado que en la mayor parte de los países del resto de Europa, y además las carreras partidarias tienden a proyectarse más allá de la política con designaciones en consejos de administración y organismos vinculados a la administración, y a durar toda la vida; la cuestión del salario de quienes nos mandan dejó de ser el chocolate del loro hace ya mucho tiempo. Ahora esto nos cuesta un ojo de la cara.

En los primeros años de democracia  y autonomía,  lo importante no era preguntarse cuanto cobraba un diputado, un senador, un parlamentario, un alcalde o un presidente de Cabildo. Lo importante era preguntarse si de verdad se ganaba el sueldo. Ahora, cuando las carreras políticas son asimilables a las profesionales, quizá sí sea el momento de establecer categorías y límites.

Por ejemplo: ¿Debe un parlamentario cobrar más que un director general? ¿Y por qué?  ¿Debe un consejero de Cabildo o un concejal cobrar sólo si está en el poder, pero no si está en la oposición? ¿Pueden los políticos fijarse sus propios sueldos? ¿Deberían mantenerse las prerrogativas y canongías que acompañan a un político con dedicación exclusiva? ¿No sería más razonable asignar niveles funcionariales y establecer exactamente el mismo criterio de dietas y gastos suplidos que tienen todos los funcionarios?

Ese tipo de preguntas son las que realmente habría que responder. Porque hubo un tiempo -desde que se abandonó la democracia censitaria- en el que el salario de los dirigentes públicos tenía cono objetivo evitar que solo los ricos pudieran dedicarse a la política. El salario permitía a los representantes del pueblo mantener su plena dedicación y su independencia del poder económico. Ahora, con la creciente capacidad de los partidos de decidir quién ejerce un cargo y quien no, quien se incorpora a una dirección o quien tiene que dejar el partido por ser incómodo, demasiado crítico o partidario de cambios, el salario se ha convertido en un potente instrumento para hacer que los políticos dependan de sus partidos para poder sobrevivir.

Y eso contribuye a un creciente envilecimiento y pérdida de autonomía de quienes nos representan, cada día más serviles a sus direcciones y menos comprometidos -como diría Román- “con la sociedad”.

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