FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Silencio en el caso Gali | Francisco Pomares

La cesada ministra de Exteriores del anterior Gobierno Sánchez, es  una señora con sentido de la lealtad. Sin duda alguna. Un juez de Zaragoza decidió citar a la exministra como investigada después de que su jefe de Gabinete declarase que recibió instrucciones para facilitar la entrada de Brahim Gali en España, sin someterlo previamente al preceptivo control de pasaporte. En su declaración como investigada por el caso, González Laya se negó a revelar quienes fueron los miembros del Gobierno que dieron la autorización para acoger y tratar de Covid al líder polisario en un hospital de Logroño y permitir su entrada irregular en España.

La ministra se escudó en el secreto de las deliberaciones del Consejo, y en la necesidad de proteger la seguridad nacional, y se  negó a informar al juez –que le preguntó hasta tres veces- sobre la identidad de quien adoptó finalmente la decisión de permitir el acceso del dirigente saharaui por la puerta falsa. La abogacía el Estado ha pedido el archivo del caso por considerar que la ministra actuó legalmente, pero el juez considera la existencia de delitos de prevaricación, encubrimiento y falsificación de documento.

En realidad, la historia rezuma formalidad por todos lados: la autoría de la decisión investigada, resulta más bien obvio que fue de la única persona que podía adoptarla, el propio presidente Sánchez, aunque nadie va a reconocer que fue él quien tomó la decisión. La ministra cree que su silencio está protegido por un antiguo acuerdo del Consejo –data de la etapa final de la Presidencia de Rodríguez Zapatero, hace más de una década- por el que se decidió aplicar la Ley de Secretos Oficiales al Ministerio de Exteriores y clasificar como secretas todas las informaciones o fuentes documentales que pudieran hacer peligrar las relaciones con terceros países. El acuerdo sobre declarar secretos los asuntos del ministerio fue de hecho tan secreto, que nunca llegó a aparecer en el BOE.

González Laya explicó al juez que contarle quien tomó la decisión de atender a Gali supondría desvelar el sistema por el que se adoptan acuerdos que afectan a la política exterior y por tanto a la seguridad del Estado. Por eso, la ministra prefirió cargar ella con el muerto y asumir la responsabilidad de traer a Gali, que podría suponerle –si el juez se pone borde- consecuencias penales.

Al comerse el marrón, la ministra protege gallardamente al presidente. Y además, hace lo correcto, lo que debe esperarse del ministro de la diplomacia: después del conflicto abierto con Marruecos a cuenta de esa polémica “decisión humanitaria”, y del  radical cambio tanto de Marruecos como de España tras la crisis migratoria en Ceuta, permitir que el nombre de Sánchez vuelva a verse implicado, no sería muy útil a la nueva línea apaciguadora de las relaciones españolas con el Reino.

Para liar un poco más el asunto, la Audiencia Nacional anuló el miércoles pasado la decisión del juez Pedraz de archivar una de las dos causas que se siguen en España contra Gali. La Audiencia revocó la decisión del juez por defecto de forma y reabrió la causa, que se suma a la querella que el propio Pedraz mantiene abierta contra Gali por detención ilegal y torturas en los campamentos de Tinduf, hace ahora dos años. Gali tuvo que entrar en España sin identificarse, precisamente por esa querella, sobre la que la Audiencia Nacional mantiene diligencias abiertas.

La situación parece haberse complicado: para Gali, aunque ya está fuera de España y del alcance de la Justicia española. Y también para la ministra González Laya, aunque parece improbable que acabe cumpliendo condena por este asunto. Quien va a escapar sin el más mínimo roce es Pedro Sánchez: es un hombre con suerte, le protege la lealtad ajena.

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