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El grupo municipal de Coalición Canaria-PNC en el Ayuntamiento de La Laguna se plantea iniciar acciones legales contra el Gobierno de Luis Yeray Gutiérrez por el incumplimiento reiterado del artículo 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF) y obstaculizar la función de control y fiscalización por parte de los concejales de la oposición.
Y es que el alcalde de La Laguna está saltándose el artículo 42 del ROF que señala que «el alcalde dará cuenta sucinta a la Corporación, en cada sesión ordinaria del Pleno, de las resoluciones que hubiere adoptado desde la última sesión plenaria ordinaria para que los concejales conozcan el desarrollo de la administración municipal a los efectos del control y fiscalización de los órganos de gobierno, previstos en el art. 22.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril (LA LEY 847/1985)», lo que resulta ser un medio imprescindible para conocer las resoluciones de Alcaldía.
Así lo ha expresado el portavoz del grupo, Jonathan Domínguez, en la rueda de prensa que ha ofrecido junto con la concejala nacionalista, Atteneri Falero.
Sin embargo, desde que empezó el presente mandato tardó más de un año en incluir la dación de cuenta en los plenos ordinarios de las resoluciones y decretos, pese a las solicitudes continuadas que le formuló el grupo nacionalista, sin poder obtener una respuesta convincente.
Ante ello, los concejales nacionalistas, una vez más, llevan al pleno que se celebra mañana jueves, 16 de septiembre la pregunta de ¿cuándo cumplirá el equipo de Gobierno con su responsabilidad de dar a conocer los decretos firmados en su acción de gobierno?, a lo que también se preguntan si «¿tiene el Gobierno de Luis Yeray Gutiérrez algo que esconder?», pues desde que cesó al concejal de Ciudadanos, Alfredo Gómez, del cargo de presidente de la Comisión de Transparencia del Ayuntamiento el Gobierno local no han vuelto a llevar al pleno la sucinta de decretos.
A esto se añade que Coalición Canaria-PNC ha tenido que acudir al Comisionado de Transparencia de Canarias para que sea este órgano el que solicite información de determinados expedientes, «ante la opacidad y negativa» del Gobierno de PSOE, Unidas se Puede y Avante, de entregar la documentación que tendrían que llevar a cada uno de los plenos.
Los expedientes que se han pedido a través del Comisionado de Transparencia de Canarias son relativos a la estación de bombeo de aguas residuales de La Barranquera, el expediente del Servicio de Vigilancia, Salvamento, Socorrismo y asistencia de la franja litoral, al informe de intervención sobre incorporación de personal laboral no fijo, o el expediente del contrato municipal de prestación de servicio de recogida de residuos del municipio.
Sin embargo, es paradójico que el Gobierno de La Laguna haya creado la Comisión de Transparencia, Información Pública y Buen Gobierno, con el objetivo de garantizar al máximo el acceso de la ciudadanía a la información relacionada con la gestión de la administración pública, y sean los primeros en incumplir con el deber de máxima transparencia, cerrando cualquier posibilidad de acceso a la información.
De hecho, quien fuera presidente de esta comisión el concejal de Ciudadanos, Alfredo Gómez, fue cesado por el alcalde el pasado en el pleno del 8 de julio, de forma apresurada como «venganza» por haber sacado a la luz y haber llevado a la justicia presuntas irregularidades en contratos municipales del presente mandato, que dio lugar a que se aprobara en pleno la creación de una comisión de investigación de los contratos de los últimos diez años. También resulta extraño que aún el alcalde no haya nombrado a un nuevo presidente para esta comisión y que ésta pueda continuar con su trabajo.
Junto a este asunto, Coalición Canaria-PNC también lleva al pleno tres mociones: una sobre el contrato de actividades extraescolares que el Gobierno local no va a poder sacar a tiempo para el presente curso escolar por su ineptitud y falta de interés por los trabajadores del servicio y los 2.500 escolares del municipio; otra donde se pide una modificación del Plan General de Ordenación para poder ejecutar una acción en el Barranco de Las Mercedes que solicitan los vecinos; y una tercera en la que se pedirá la consolidación y la mejora de las condiciones del servicio de Atención Domiciliaria.
Asimismo, el grupo nacionalista preguntará al Gobierno local sobre el por qué ha desaprovechado la línea de financiación abierta por el Ministerio de Cultura y Deporte para proyectos de conservación y difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial; sobre el mal estado del vallado perimetral del campo Anexo de La Manzanilla; se solicitará una solución urgente al problema de inseguridad que se ha detectado en la tenencia de alcaldía de Valle de Guerra y Tejina; se pedirá que se limpie el barrando de Jardina y se arregle la marquesina de guaguas ubicada en la TF-152, a la altura del barrio de San Lázaro y se pregunta cuándo se tiene previsto terminar el expediente para rendir honores y distinciones al lagunero Luis Dávila.
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