Si se traza una línea que arranca en la estación de servicio La Estrella, en la Punta de la Carretera, pasa por el antiguo hotel Martiánez, ya en la avenida Familia Bethencourt y Molina, y termina en las ruinas del edificio Iders, en la misma avenida, tendremos un ejemplo, en menos de un kilómetro, de la eternización de problemas urbanísticos que, entre enredos técnico-jurídicos y desidia, produce un serio impacto negativo en el Puerto de la Cruz.
Se puede decir que estamos ante adefesios, que son atentados a la estética, pero que parecen menores ante las complicaciones de salud pública y convivencia que se advierten en el caso del Iders, por no hablar del rechazo que representan para la oferta turística del municipio en una localización primordial como es el área de Martiánez.
Por ello, noticias como la aparecida recientemente, relativa al fortalecimiento del cuadro técnico responsable de disciplina urbanística en el área de Ciudad Sostenible en el Ayuntamiento, gratifican y hacen concebir esperanzas de solución. Sobre todo, si la voluntad política se traduce en una acción sostenible que permita apreciar los cambios que se pretenden. En los casos antedichos, ni más ni menos, sería para proporcionar un giro sensible y acabar con una estampa muy poco edificante.
La idea es garantizar la protección del patrimonio histórico del municipio. Nos parece bien. Como es consecuente que el Ayuntamiento paralice obras irregulares en un inmueble protegido del conjunto histórico. Hay que impulsar una gestión más eficiente de las licencias urbanísticas, tal como dice el concejal delegado Ciudad Sostenible, David Hernández. Se trata ahora de seguir haciendo efectivos los propósitos.
Hernández ha destacado la importancia del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (PEPCH) que se está redactando en la actualidad y, entre otras cosas, “servirá para reforzar la identificación y protección del Conjunto Histórico portuense, para agilizar la tramitación de licencias urbanísticas en el centro de la ciudad, que ahora tienen que pasar por el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo, y para aumentar la seguridad jurídica tanto de la ciudadanía como de las empresas que quieran invertir para desarrollar su actividad económica en el municipio”.
Como hemos dicho, en efecto, recientemente se ha iniciado un expediente de protección de la legalidad urbanística y se ha procedido a la paralización y precinto de unas actuaciones que se venían realizando en un inmueble que se encuentra dentro de la delimitación del Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico de Puerto de la Cruz, que son contrarias a la legalidad vigente. Desde el gobierno local, se reconoce que estas actuaciones habían suscitado cierta alarma social al afectar significativamente a la fachada, pero comprenden también obras de demolición, ampliación y reestructuración desarrolladas sin la correspondiente licencia ni la preceptiva autorización previa del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife.
Basta ya de permisividad y de indolencia. A poco que duela el patrimonio urbanístico de una localidad, se descubre que es necesario disponer lo que proceda con tal de salvaguardarlo y de protegerlo, que es tanto como decir que las señas físicas y visibles de la identidad de un pueblo, aquellas que entrañen valores históricos y socioculturales contrastados, hay que preservarlas.
Adelante, pues, con estos faroles, sin perder de vista, aunque sean harinas de otro costal, la línea trazada al principio de la entrada. Porque hay que acabar con los desmanes y el abandono. Lo que ganaría el Puerto.
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