FIRMAS Juan Miguel Munguía Torres

OPINIÓN | Suspensión de las visitas a los padres maltratadores | Juan Miguel Munguía

Una reciente reforma legal que ha entrado en vigor este viernes, suspende las visitas a los menores de progenitores que estén siendo investigados por maltrato. De esta forma consta en la redacción del artículo 94 del Código Civil publicada en el BOE el pasado 4 de junio, siete días antes de que se hallara en el mar de Tenerife el cuerpo sin vida de Olivia, la pequeña de 6 años secuestrada junto a su hermana Anna, de uno, por su padre, que no devolvió a los menores a su madre el día pactado.

Con la reforma aprobada, el juez no fijará un régimen de visitas, y lo suspenderá si existe, cuando el progenitor esté incurso en un proceso penal por atentar contra la vida, agredir o abusar de la pareja o de los hijos, y tampoco si aprecia «indicios fundados de violencia doméstica o de género». No obstante, el juez puede autorizar las visitas en una «resolución motivada en el interés superior del menor» y «previa evaluación de la situación de la relación paternofilial», aunque en ningún caso se podrá dar ese paso cuando el progenitor en cuestión se encuentre en prisión, provisional o firme, por los citados delitos.

A finales de ese mes junio entró en vigor la ley de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia, que dio un primer paso para restringir las visitas a los maltratadores reformando la ley de enjuiciamiento criminal, recogiendo que cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y existan indicios fundados de que los hijos menores de edad han podido presenciar o sufrir violencia doméstica el juez debe suspender el régimen de visitas, estancia o comunicación del inculpado con los menores.

Lo cierto es que la interposición de una denuncia por malos tratos, con la consiguiente apertura de un procedimiento penal, bastará para privar del régimen de visitas al progenitor que no tenga la guarda y custodia en un proceso de separación o divorcio. Podría ser discutido por el mal uso que se puede hacer de la denuncia por parte de uno de los cónyuges frente al otro en un proceso de separación o divorcio, y aumentar de forma exponencial las denuncias contra el otro progenitor al haber cambiado la ley el criterio inicial del juez por el automatismo de la decisión. Hasta ahora, cuando los progenitores en un proceso de separación no se ponían de acuerdo en el régimen de visitas, era el juez quien lo decidía. Sin embargo, tal y como está redactado el nuevo precepto, el hecho de que haya en marcha una investigación penal por malos tratos (ya sean físicos o psicológicos) bastará para vetar o poner fin (si ya existe) a ese régimen de visitas antes de que se dicte una condena que considere probada la existencia de esos malos tratos.

Y es que la mayoría de los 40 asesinatos de menores a manos de sus padres o de las parejas o exparejas de sus madres desde 2013 se produjeron tras la separación, el divorcio o cuando la mujer inició una nueva relación sentimental.

Y el principal objetivo de estas medidas es proteger a los menores y combatir la denominada violencia vicaria, la que los maltratadores ejercen sobre los hijos con el objetivo de causar el mayor daño posible a sus parejas o ex parejas. A ver que resuelven los tribunales.

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