FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | La agenda que habrá que pagar | Francisco Pomares

El Gobierno aprobó hoy la primera parte de la reforma de las pensiones, que deroga el factor de sostenibilidad del PP, que vinculaba el pago a los jubilados a la esperanza de vida. Las pensiones se revalorizaran al ritmo de la inflación, y se congelarán si el IPC baja. El Gobierno ha optado por traspasar el déficit de las pensiones a los Presupuestos del Estado, de tal manera que las pensiones –deficitarias desde hace años– dejarán de financiarse exclusivamente con las cotizaciones de trabajadores y empresas.

El Gobierno tenía que demostrar a Bruselas que va a cumplir el compromiso suscrito con las autoridades comunitarias para desbloquear las ayudas, de las que ya se han abonado 9.000 millones. Ese compromiso exige una clara apuesta por ‘modernizar’ el sistema, que se ha resuelto introduciendo cambios para retrasar la edad media de jubilación, hoy por debajo de los 64 años. El objetivo es lograr acercar la jubilación a su edad legal, actualmente en los 66 años y medio. Para conseguirlo se han diseñado bonificaciones a quienes retrasen su edad de jubilación, y penalizaciones a los que pretendan adelantarla, además de limitarse el mecanismo de jubilación forzosa.

La aprobación de estas primeras medidas enfrentará al Gobierno con la oposición difusa de sindicatos y personas que esperaban poder prejubilarse, que se compensa con creces con un acercamiento a los actuales pensionistas –más de nueve millones–, que blindan el valor adquisitivo de sus pensiones frente a la inflación.

Pedro Sánchez ha preparado la reentré de octubre con una intensa agenda de propuestas sociales: la más importante es sin duda la reforma de las pensiones, pero también lo será, sobre todo a efectos propagandísticos- la subida antes de que termine 2021 del salario mínimo interprofesional, uno de los asuntos que más conflictos y problemas ha creado en el seno del Gobierno ente los socialistas y Podemos. La ministra Calviño ha comenzado a moderar públicamente su oposición a lo que sin duda será un pequeño retoque –menos de diez euros– del salario mínimo. Se trata de cerrar filas en un asunto que ha dividido al Gobierno, y lanzar un mensaje de compromiso con la promesa gubernamental –de difícil cumplimiento– de que el salario mínimo se situará antes de concluir esta legislatura en el 60 por ciento del salario medio.

Además, se quiere dar un empujón importante a la cobertura del Ingreso mínimo vital, que actualmente sólo alcanza al 25 por ciento de la población prevista, y también se especula que el Gobierno aceptará la continuidad de los Erte –o una parte de ellos– más allá del 30 de septiembre. Otros asuntos, como las acciones para controlar el precio de la luz o de los alquileres, que aún enfrentan al Gobierno. Mientras, una de las papas calientes de la legislatura, la reducción de la interinidad en las Administraciones ya se ha peloteado para después de que acabe este periodo de mandato.

En cualquier caso, en los próximos meses escucharemos hablar de agenda social como nunca antes, haciendo coincidir ese discurso con el de la recuperación económica. Desconocemos los cálculos del Gobierno, hasta que se reflejen en los Presupuestos del 2022. Pero esta agenda, además de ser necesaria, cuesta dinero. Habrá que pagarla. Y también el engorde del Estado, forzado por la enfermedad. Y la deuda contraída con Europa. Habrá que hilar muy fino para no hipotecar durante una generación el bienestar de nuestros hijos.

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