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TURISMO | Turismo abre el 10 de septiembre el plazo para que las empresas de alojamiento puedan cubrir el coste del IBI

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Las empresas de alojamientos turísticos de las Islas podrán acogerse a partir del próximo 10 de septiembre y hasta el 4 de octubre de este año a la convocatoria de subvenciones de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias para cubrir el equivalente al coste del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al ejercicio de 2021. El Parlamento de Canarias convalidó este martes el decreto que regula estas ayudas destinadas a paliar las consecuencias en las empresas titulares de la explotación de establecimientos de alojamiento por el parón de la actividad turística que ha conllevado la crisis derivada de la pandemia COVID-19.

Yaiza Castilla expuso hoy en el pleno de la Cámara regional el Decreto Ley aprobado por el Gobierno de Canarias el pasado 22 de julio y en el que se regula la concesión directa de estas subvenciones, cuya puesta en marcha requería la convalidación previa del Parlamento.

Según explicó la consejera, “estas subvenciones se fundamentan en la situación que atraviesan las empresas explotadoras de alojamientos turísticos debido a la prolongación de los efectos de las restricciones a la movilidad por la pandemia y que se manifiesta en la importante pérdida de ingresos, en graves problemas de liquidez y, en lo que es más importante, en la tremenda merma del empleo”.

Añadió que “en torno al 30% de la planta alojativa del sector turístico no ha abierto aún, o lo ha hecho manteniendo una actividad muy mínima, mientras tienen que hacer frente a los costes del negocio, independientemente del nivel de actividad, tales como el pago de los tributos municipales”.

Yaiza Castilla recordó que las actividades de alojamiento turístico de Canarias no pudieron acogerse a las subvenciones directas concedidas a autónomos y pymes  y reguladas en el Decreto ley 2/2021, de 1 de marzo, por lo que en su momento se estableció desde el Gobierno el compromiso de crear medidas específicas para  el sector de las empresas titulares de la explotación de establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias.

En este sentido, la titular de Turismo informó que ésta es una medida consensuada con el sector, así como en el momento en el que se produce, ya que pese a haberse anunciado a principios de años, se acordó, dado que podían incluir el coste del IBI del ejercicio anterior en la convocatoria de ayudas estatales de los 1.144 millones de euros, que esta nueva línea se dirigiera a cubrir el coste del IBI de 2021, para lo que había que esperar a estas fechas para convocarla.

Según añadió, la finalidad que pretende el Gobierno es proporcionar liquidez a las empresas de alojamiento, tanto en la modalidad hotelera como extrahotelera, afectadas por la grave crisis turística y que hayan sufrido una reducción igual o superior al 30% en el volumen de operaciones respecto a  2019.

Asimismo, señaló que con el fin de agilizar el proceso, la gestión de estas ayudas, se realizará por concurrencia no competitiva, de forma que las solicitudes serán atendidas por orden de entrada hasta agotar el crédito de 63 millones de euros que Hacienda ha transferido para este fin a la Consejería de Turismo y cuyo importe puede ampliarse hasta los 80 millones de euros.

Según explicó durante su intervención, la estimación es que esta línea de ayudas pueda alcanzar a unos 2.500 hoteles, apartamentos y otros alojamientos turísticos de corta estancia inscritos en el Registro General Turístico antes del 15 de marzo de 2020 y dados de alta en la correspondiente Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).

La ayuda prevista con cargo a este programa cubrirá solo el coste correspondiente al IBI de 2021 de cada inmueble dedicado a la actividad económica de alojamiento turístico reglado y podrá llegar hasta el 100% del mismo siempre que haya sido abonado.

Asimismo, estas subvenciones están acogidas al Marco Nacional Temporal, por lo que deben cumplir con el condicionante del límite de fondos al que se puede optar por empresas del conjunto de ayudas convocadas con cargo a este marco destinado a respaldar la economía en el contexto actual de pandemia y que a su vez viene regulado por la Comisión Europea.

Por último, el Gobierno aprovechó la estructura de este decreto ley para modificar en su disposición adicional primera determinados preceptos del Decreto ley 9/2021, de 28 de junio, por el que se regula la concesión de subvenciones directas a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo a causa de la COVID-19, conforme a lo señalado por el Consejo Consultivo de Canarias en su dictamen del 12 de julio y que requería igualmente de su convalidación por la Cámara, hecho que igualmente se produjo en la sesión de este lunes.

Críticas de CC en el Pleno

La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Rosa Dávila, ha puesto en evidencia, en el pleno extraordinario para convalidar el Decreto Ley por el que se establecen concesiones directas de subvenciones dirigidas a cubrir el coste del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de empresas turísticas, “que esta norma llega tarde, mal y resulta insuficiente para ayudar al sector, que ve como las primeras partidas económicas destinadas para su recuperación son claramente insuficientes”.

Esta forma de actuar del Gobierno de Canarias hace que “lastre la recuperación de la economía canaria, porque es inconcebible que tras un año y medio de la irrupción de la pandemia, y tras siete meses de haberlo anunciado, se aprueben la primera ayudas dirigidas el sector turístico, el principal motor de nuestra economía”.

Unas ayudas que no van a llegar a quiénes más lo necesiten, sino a los que primero las soliciten “en un criticable ‘modus operandi’ del que hace gala el Gobierno en las convocatorias que lleva realizadas”.

Por ello, desde el Grupo Nacionalista Canario, “hemos votado a favor de su tramitación como Proyecto de Ley, a lo que se han opuesto los grupos que apoyan al gobierno, porque no da la repuesta que necesitan las empresas que ya han cerrado, las que están por cerrar y a los miles de empleos afectados”, explicó Dávila.

En este sentido, “nos encontramos de nuevo ante un Gobierno que hace, a bombo y platillo, anuncios estrella que después no cumple o cumple de manera insuficiente, porque si no, no se entiende por qué han reducido en 15 millones de euros el importe que tenían destinados, que no queda muy claro si se dirigen a los propietarios de los inmuebles o para las empresas explotadoras de la actividad”, planteó.

Por otra parte, se les exige a los posibles beneficiarios estar al corriente de todas las obligaciones tributarias, “sorprendente, cuando la finalidad de este Decreto es contribuir a su abono”, y olvida a todos aquellos que han tenido que pedir préstamos para hacer frente a los pagos aplazados del IBI sin saber si van a recibir la concesión o no”, trasladó la diputada.

Rosa Dávila insistió en que es incomprensible que una medida en apoyo de nuestro principal motor económico, anunciada el pasado mes de enero, “tenga que venir a convalidarse en el mes de agosto, con un pleno fuera de calendario, y con una medida puntual que no forma parte de la estrategia que hemos venido demandando en los últimos meses, que es la de contar con un plan específico para evitar el colapso del sector, que ya se está dando, con la consiguiente destrucción de empleo estable”.

 

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