FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Otro brindis al sol | Francisco Pomares

Si nada lo remedia, y no parece posible que eso ocurra, el precio de la electricidad volverá a superar hoy un récord histórico, sobre los 117,29 euros por kilovatio/hora. El Gobierno sabe que la situación seguirá agravándose en los próximos días, en medio de la peor ola de calor que se recuerde. Por eso, la ministra Teresa Ribera aceptó ayer por primera vez, en unas declaraciones a la radio, la posibilidad de crear una empresa pública de la energía, que se explotará las actuales concesiones a medida que vayan decayendo. Ribera se suma así a la propuesta de Unidas Podemos, que considera que el modelo hidroeléctrico español está viciado por el «sistema de subastas marginalistas creado por el Gobierno de Aznar», en el que el precio que el consumidor paga en la factura no está directamente relacionado por lo que cuesta generar la electricidad, sino por el sistema de fijación de precios, que a veces beneficia de forma escandalosa a las compañías que producen con menos costo, las que generan electricidad en plantas nucleares, con saltos de agua, con granjas de placas fotovoltaicas o con aerogeneradores.

Podemos tiene razón cuando responsabiliza a ese sistema de ser –en parte– responsable del encarecimiento del servicio, pero no al considerarlo un invento de Aznar (o de Soria, un ministro más bien poco apreciado por las eléctricas). En realidad, en España se usa el mismo sistema que en el resto de Europa, y que establece el precio al que se compra la luz por franja horaria en el pool del mercado mayorista, de acuerdo a un alambicado algoritmo, en el que al final se acaba pagando a las compañías que generan por menos coste –las de energías renovables y las nucleares, básicamente– lo mismo que se paga a la que más se paga, es decir a la que produce más caro. De esa forma, las plantas hidroeléctricas acaban por facturar al mismo precio que las centrales de gas o fuel, muchísimo más caras. La actual escalada de los precios es así fruto del efecto combinado de la subida del gas, y del impuesto por la descarbonización.

Los récords históricos en el precio estos últimos días, y la beligerancia histórica de Podemos en esta materia, están desgastando al Gobierno. Pero la propuesta de crear una compañía pública parece hoy por hoy un brindis al sol: hace solo dos meses el Gobierno anunció una reducción en los pagos a las hidráulicas y nucleares. Pero hicieron trampa: en vez de aprobar el recorte por la vía del decreto ley –de aplicación inmediata–, lo metieron en las Cortes con el trámite corriente de una ley, con laaaargos meses de trabajo legislativo. Mucha prisa no les corría. Ni tampoco en el denominado fondo para la sostenibilidad del sistema eléctrico, también tramitándose en el Congreso, después de medio año de trabajo previo en el ministerio.

En realidad, lo que hay que hacer –si el Gobierno tiene las agallas necesarias– es reformar el sistema de fijación de los precios mayoristas de la electricidad, que no responde a la situación actual. El sistema fue implantado hace casi un cuarto de siglo, cuando se suponía que un combustible entonces barato –el gas natural– iban a ser determinante en la definición del mix de generación eléctrica.

Ahora ya no ocurre así: el contrasentido es que cuando más se avanza en la descarbonización eléctrica, utilizando tecnologías más baratas, que usan como combustible el agua, el viento o el sol, más hay que pagar por la electricidad, porque se compra a todas las empresas que participan del sistema al mismo precio que a la más cara. Una alternativa razonable sería aprovechar la renovación de las concesiones para establecer contratos de larga duración, en la que los cambios aleatorios en el precio de los combustibles fósiles no hagan a las empresas cada vez más ricas, y a los consumidores más pobres.

Pero es más fácil hablar de empresas públicas –operativas en un futuro lejano, ejem- que ponerle ya de verdad el cascabel al gato.

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