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OPINIÓN | Responsabilidad colectiva | Francisco Pomares

Coincidiendo con la inevitable decisión del Gobierno regional de subir a Gran Canaria a nivel 4, el PP ha acusado al presidente Torres de no haber hecho nada para frenar esta quinta ola. Se trata de una acusación que solo se sostiene en base al formato absurdo que define las relaciones Gobierno-oposición, en el que el Gobierno es para la oposición responsable por acción u omisión de todo lo que ocurre. Y cuando el partido que gobierna pasa a la oposición aplica exactamente la misma metodología.

Pues no. Ni Torres ni su Gobierno son responsables del avance de esta quinta ola. Cómo no lo son los otros dieciséis gobiernos regionales –alguno de ellos del PP– a los que sus respectivas oposiciones acusan de lo mismo. Todos los Gobiernos de todos los países y territorios han cometido errores al combatir la extensión de la enfermedad o prevenir sus consecuencias. Elaborar el catálogo de los errores cometidos por los Gobiernos de España, de Madrid, de Cataluña, de Castilla-La Mancha, Baleares o Andalucía, o por los de Italia, Francia, Reino Unido, Brasil, EEUU, India, la eficaz China, la OMS o la UE, no cabría en el espacio no ya de esta tira, sino de esta página. La mayor parte de esos errores han sido fruto de no saber a qué nos enfrentábamos, de la escasa preparación para actuar con rapidez ante los acontecimientos, y sólo en parte de la deshonestidad (que también la ha habido en algunas de las decisiones sobre compras de insumos necesarios, y acabará probándose), o del interés por apuntarse éxitos o quitarse responsabilidades de encima.

En el caso que nos ocupa, no puede decirse que el Gobierno regional sea culpable. La decisión de Sánchez de sacarnos prematuramente del Estado de Alarma lo dejó sin medios para responder ante una situación muy cambiante, condicionada por la mayor infecciosidad de la nueva variante Delta -responsable principal de los estragos de esta quinta ola- y ante la que no se ha acertado en la presentación técnico-jurídica de lo pedido a los tribunales. Pero aún así, la situación que hoy se vive en Canarias no es en absoluto diferente a la de Valencia, con el toque de queda aprobado por su Tribunal Superior, de Madrid o Cataluña: la quinta ola se ha extendido por todas partes, con escasas diferencias. En algunos sitios, las cosas han ocurrido más rápidamente, y en otros más despacio -los casos de Tenerife y Gran Canaria son paradigmáticos en ese sentido-, pero al final la enfermedad tiene una extraordinaria capacidad para enseñorearse de todo.

Hay que ganar tiempo para que sean más las personas vacunadas, y los Gobiernos lo intentan con medidas reductoras de la libre circulación, con restricciones a los servicios, la hostelería, el ocio nocturno… que a veces no se pueden implantar con el soporte legal de que se dispone.

Pero si se pueden perseguir los excesos e incumplimientos de una parte de la ciudadanía cada dos más descreída o más segura de que esto no va con ella. En vez de cuestionar las decisiones judiciales, enfrentarse a los jueces o intentar ridiculizarlos, se precisa de más intervención policial, más colaboración ciudadana con el rastreo (especialmente en Tenerife) y más pedagogía sobre la autoprotección frente al contagio, que es lo que mejor ha funcionado durante esta pandemia: recordar a los ciudadanos que aún vacunados, hay que usar mascarillas en interiores, y en exteriores siempre que haya gente cerca, mantener una higiene constante de manos, ventilar las casas y trabajos, y evitar todo tipo de concentraciones…

La responsabilidad de parar esto no es sólo del Gobierno. Es también de cada uno de nosotros. Y no lo estamos haciendo muy bien.

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