Sólo quince pacientes nos separan del pico máximo de ingresados en UCI en Canarias en marzo del 2020. Es una cifra inquietante. Como también lo es la cifra fatídica de cinco muertos en unas pocas horas, uno de ellos con apenas 44 años.
Es verdad que la vida sigue, que la economía no va a pararse (no más de lo que ya lo está) y que está quinta ola, a pesar de habernos cogido a todos con un enorme cansancio pandémico, y las defensas bajas, no parece que vaya a tener un efecto destructivo ni de lejos similar al que tuvo la enfermedad en los primeros días del confinamiento.
En el conjunto nacional se apunta ya el inicio de una desaceleración en los contagios, que en las anteriores oleadas anunciaba la inminencia de la inversión de la curva estadística de la enfermedad. Esperemos que ahora –cuando la variante Delta es ya predominante en la mayoría de las regiones españolas– se mantenga la misma tendencia de las cuatro oleadas anteriores y se confirme que nos estamos acercando –siquiera lentamente– al final de esta pesadilla.
Las previsiones apuntan que el actual desbordamiento de la enfermedad podría estar controlado a finales de septiembre y prácticamente acorralada alrededor de finales de año, si se completa para entonces esta primera campaña de vacunación. Porque podría suceder que en 2022 tengamos que vernos obligados a afrontar una segunda vacunación.
La tercera dosis de refuerzo, o incluso una nueva vacuna capaz de frenar otras variantes.
¿Sucederá así? Es difícil saberlo. Depende de lo que ocurra con la enfermedad en esos países y territorios en los que la vacunación no consigue despegar: la mayor parte de las naciones en vías de desarrollo, especialmente de África e Iberoamérica y en las más pobres del continente asiático.
En el planeta se ha vacunado –al menos con una dosis– casi el 30 por ciento de la población mundial, el 15 por ciento con la pauta completa. Es una cifra realmente muy baja para ser optimista, sobre todo porque la mayor parte de las vacunas se concentran en los países más ricos: la escasa inmunidad de más de las dos terceras partes de la población mundial puede provocar la aparición de una nueva cepa más contagiosa o más letal, ante la que las actuales vacunas resulten ineficaces. Si eso ocurre podríamos estar volviendo al principio.
Sabiendo eso, sorprende que el debate público sobre la pandemia haya quedado enganchada en nuestro país en un discurso reiterativo e inane sobre la responsabilidad de lo que ocurre. La oposición y las Comunidades Autónomas no gobernadas por los socialistas acusan al Gobierno Sánchez de no ser capaz de frenar la epidemia, el Gobierno Sánchez y las regiones gobernadas por el PSOE señalan –en una peligrosa deriva autoritaria, por cierto– que la responsabilidad es de los jueces, al aplicar interpretaciones de las leyes que frenan los intentos gubernamentales de hacer frente a la pandemia. Ocultan que la mayoría de las sentencias frenan medidas restrictivas de la libre circulación o qué suponen intromisión en la intimidad de las personas, y que no son legales.
Por su parte, los jueces señalan la responsabilidad del Gobierno español al no haber dotado a las regiones de mecanismos para poder actuar.
Este debate recurrente resulta inane. Solo algunas pocas voces señalan la necesidad de pensar y actuar globalmente, de entender que el fin de la pandemia no depende exclusivamente de lo que ocurra en Europa y los países más ricos. Que es imprescindible actuar planetariamente y hacerlo antes de que sea tarde. Ya se han pinchado 4.500 millones de dosis de vacunas. Pero aún así, se nos puede estar agotando el tiempo.
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