FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Es el momento de un cese | Francisco Pomares

Noemi Santana sigue cosechando unanimidades sobre su gestión al frente de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias: ahora son los agentes sociales los que consideran que la consejera está llevando su departamento al desastre y piden la intervención del presidente Torres, convertido en el único bombero que puede poner fin a este fuego. Por desgracia Torres sigue negándose a reconocer la gravísima situación creada en Derechos Sociales. Cada vez que se produce una nueva denuncia sobre los errores y desfases en materia de dependencia, discapacidad o gestión de los recursos de la Consejería, Torres defiende a Santana, probablemente porque considera que el apoyo de los votos de Podemos le resulta imprescindible para agotar sin más sobresaltos esta legislatura signada por la acumulación de dificultades y conflictos. Torres es como un bombero ciego que se niega a ver un incendio que amenaza con achicharrar inmisericordemente los esfuerzos que el propio Torres y los miembros de su Gobierno han hecho en otros departamentos, los aciertos y resultados del Gobierno en una situación extraordinariamente crítica.

El presidente debería reflexionar: tuvo mala suerte en los nombramientos –competencia de su propio partido– en Sanidad y Educación. Al final, después de mucha espera, indecisión y presiones, se decidió a hacer los cambios necesarios, y a asumir el desgaste político interno que provocó en el PSOE de Tenerife el que dos consejeras de la isla fueran sustituidas por dos personas de confianza de Torres, ajenas al socialismo tinerfeño. Fue una decisión difícil, pero adoptarla permitió recomponer la gestión en las dos áreas sociales claves y avanzar en la dirección correcta, con un coste político muy inferior al que Torres suponía.

Ahora el presidente se encuentra en una situación parecida: la catástrofe provocada por Noemí Santana y Miguel Montero ha despertado –como ocurrió antes en Sanidad– el rechazo de las principales organizaciones que representan al tercer sector –familiares y cuidadores de dependientes, personas con discapacidad, los trabajadores sociales, psicólogos, la Coordinadora de Acción Social de Canarias, los educadores…– que ayer hicieron público un durísimo documento en el que no trasladan su cansancio y aburrimiento por la nula atención que se les ha prestado en las aportaciones realizadas al Catálogo de Servicios y Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias. Pero eso no es todo: el tercer sector anuncia su decisión de romper cualquier interlocución con la consejera Santana. Es lo mismo que hicieron los sindicatos de la Sanidad hace año y medio y obligó a Torres a intervenir y cesar poco después a Teresa Cruz Oval.

No se trata de permitir a sindicatos y asociaciones que impongan una determinada política al Gobierno, pero si deben ser escuchados cuando se trata de llevar a cabo políticas que precisan de su concurso. Y en este caso, además, la unanimidad en la censura a Santana es aplastante, por mucho que la consejera se defienda con aspavientos y gritos, se ampare en la herencia recibida, en supuestas conspiraciones judeo masónicas, o en la mandad intrínseca de todos lo que la cuestionan, o lave su imagen ante la contestación de su propio partido haciéndose fotos con la ministra Montero en Madrid, para anunciar más millones que luego es incapaz de gastarse.

Torres ya no puede seguir ocultándose a sí mismo la contumaz crítica a la manifiesta incompetencia de Santana por parte de quiénes se ven obligados a tratar con ella. No es un problema que tenga que ver con la adscripción política de doña Noemí, sino con ella misma. Torres puede sustituirla por alguien de Podemos, no se trata de que abra una crisis política en su Gobierno. Se trata de que ponga fin a este desaguisado antes de que sea demasiado tarde.

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