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SANTA CRUZ | Coalición Canaria reitera su apoyo a las familias en riesgo de ser desahuciadas en El Tablero  

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El Grupo Municipal de Coalición Canaria-PNC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha reiterado esta mañana su apoyo a las familias amenazadas por desahucio en El Tablero, tal y como ha venido haciendo desde el Gobierno municipal en los últimos meses, a través de diferentes encuentros mantenidos con los afectados y acuerdos municipales adoptados en este tiempo.

En una moción presentada junto al PP y que ha sido aprobada por unanimidad en el pleno celebrado esta mañana, Rosario González destaca que la actual crisis «no ha parado los lanzamientos en viviendas de personas vulnerables, lo que agrava más si cabe la situación socioeconómica de miles de familias que han sido especialmente afectadas por la crisis económica, derivada de la crisis sanitaria».

En muchos de estos casos, la amenaza procede de «la acción de los denominados ‘fondos buitre’, la mayoría con sede en el extranjero, así como de las entidades financieras que, aprovechando la crisis, han copado el mercado inmobiliario».

Recuerda González que «estamos realizando el seguimiento de la situación de 17 familias que viven en un edificio ubicado en la subida de El Tablero, y que están bajo la amenaza de un desahucio, que estaba previsto para el mes de febrero y, aunque fue retrasado, va a ocurrir de manera inminente» y que desde Coalición Canaria se ha propuesto una solución «similar a la adoptada en el año 2019, y que acabó con una situación que vivían 358 familias de la zona de Añaza, a quien el Gobierno de Canarias pudo aportar estabilidad al comprar sus viviendas a la entidad financiera titular de ellas y ponerlas a su disposición».

«Por tanto, y tal y como está recogido en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, el Gobierno de Canarias puede adquirir viviendas ya construidas para poner a disposición de los demandantes de vivienda protegida», añade Rosario González.

Además de ello, la moción aprobada también propone crear una mesa de trabajo para identificar, en coordinación con la Federación Canaria de Municipios (FECAM), a las familias en situación de vulnerabilidad; negociar con los «fondos buitre», y otros tenedores de vivienda, la adquisición de viviendas, y retomar los trámites con el Consejo General del Poder Judicial para que los juzgados comuniquen al Gobierno de Canarias, y este a su vez a los Ayuntamientos, el inicio de un proceso de desahucio.

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