FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | La mayor oferta de la historia | Francisco Pomares

En España había el pasado mes de enero casi 2.800.000 trabajadores públicos, la cifra más alta de empleos por cuenta de la administración, desde que el ministerio empezó a contarlos, en 2002.

La cifra supone que a principios de este año había 113.000 empleos más que en enero del año anterior. De esos trabajadores, más de 750.000 son interinos o tienen contratos eventuales. Las administraciones españolas, tanto la estatal, como las regionales o locales, son infinitamente más ‘delincuentes’ cuando se trata de contratar a personal, que el peor empresario del peor gremio del peor sector económico. Es curioso que quienes gobiernan se desgañiten contra la falta de moralidad de las empresas cuando ellos acumulan contratos precarios contra sus trabajadores, y nunca se plantean que jamás en la historia haya habido tanta precariedad y abuso de temporalidad como hay ahora en lo público.

Con desparpajo propio de mejor causa, los Gobiernos presumen del empleo que crean –con dinero que no es de ellos, que se detrae de la economía productiva y del bolsillo de los ciudadanos– pero nunca hacen examen de conciencia sobre la forma irregular y trilera con la que se contrata a centenares de miles de trabajadores públicos, sin garantías laborales para ellos, ni mecanismos que impidan que quienes acceden a esos empleos lo hagan en igualdad de condiciones que cualquier otra persona que quiera acceder a ese puesto. Ni siquiera puede argüirse que se trata de una voluntad intencionada de los empleadores del Gobierno para colar en la función pública a centenares de miles de cuñados y asimilados. Si así fuera, el problema de la función pública no sería la precariedad, sino la falta de preparación, y no es el caso.

Para resolver esa papeleta, el Gobierno Sánchez espera aprobar hoy en Consejo un real decreto que inicie lo que pomposamente se ha denominado como «la mayor oferta ordinaria de empleo público de la historia». No es que sea mentira que sea la mayor de la historia –afecta a 30.455 plazas de las 750.000 pendientes de resolver–, es que eso no es una sorpresa: también fue la mayor de la historia la del año pasado, y también lo fue la anterior a la del año pasado. Y eso no ha resuelto el grave problema de precariedad e interinaje que existe, ni siquiera ha conseguido reducir el número de trabajadores en esas situaciones, porque las administraciones continúan contratando a su personal de la misma manera tramposa, como si no hubiera un mañana. Ayer mismo, el Instituto de Vivienda de Canarias anunciaba la contratación de un centenar de empleados interinos, que seguirán siendo interinos durante tres años y un cuarto año de prórroga, si nadie lo remedia. Un anuncio parecido realizó la semana pasada Derechos Sociales, que espera contratar a 350 empleados más en condiciones de interinaje.

El Gobierno Sánchez también ha aumentado los empleos, especialmente en Sanidad, para hacer frente al Covid, y en Educación, para reducir los ratios y evitar contagios en las clases, pero también en instancias del Estado, como el SEPE, reforzado por mil trabajadores contratados para gestionar los Ertes. Ahora pretenden aprovechar el maná europeo para arreglar los estropicios consolidados desde hace décadas en la administración pública: el plan presentado a Europa por los 140.000 millones en ayudas incorpora un epígrafe dedicado a lo que el Gobierno califica como «modernización de la Administración Pública». En él se que explica que, además de gastarse el dinero en tecnología para hacer que la gestión pública sea más eficiente, se va a reforzar «el capital humano», reduciendo la temporalidad y rejuveneciendo las plantillas, que falta hace, porque desde la crisis de 2008, es poco o nada lo que se ha hecho para cubrir las vacantes por jubilación. Habrá que esperar para comprobar qué son capaces de hacer en dos años.

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