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VIVIENDA | Una madre de Granadilla con un hijo menor pide ayuda contra la «injusticia» de un desahucio pese a estar al día en los pagos y ser una VPO vendida ilegalmente

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Una madre de Granadilla con un hijo menor pide ayuda contra la «injusticia» de un desahucio pese a estar al día en los pagos y ser una VPO vendida ilegalmente. Así, la Plataforma Montaña Clara y la Asociación de Vecinos Residencial Arguayoda-Las Acacias denuncian un lanzamiento previsto para el 15 de julio de una de las 66 viviendas que la promotora Amojo, que aseguran ha sido «vendió de forma ilegal, motivo por el cual el Gobierno canario ha anunciado un expediente sancionador a la empresa y una demanda civil para que se declaren nulas las ventas sucesivas de estos inmuebles».

La madre y su hijo serán desahuciados en un proceso judicial en el que «no han podido defenderse y en el que se ha usado un contrato a nombre de su ex suegro, a pesar de que la afectada tiene un contrato a su nombre, por lo que las están tratando como ocupas de manera absolutamente injusta»

Una madre con un hijo de 12 años residente en San Isidro (Granadilla de Abona) ha pedido públicamente ayuda a la sociedad y al Gobierno canario ante la «cruel injusticia» de que pretenden echarla de la vivienda de protección oficial en la que residen desde hace 8 años, con un procedimiento de desahucio promovido por el que se considera su actual propietario en la que ni siquiera ha podido defenderse en el Juzgado.

En el comunicado explican que para el día 15 está señalado el lanzamiento con orden judicial para dejarla en la calle, a pesar de que la vivienda, al ser de protección oficial, no podía ser vendida hasta el año 2043, de que ella tiene un contrato a su nombre y de  que está al día en los pagos del alquiler, aunque en la denuncia contra ella se ha utilizado un contrato a nombre de su ex suegro (ya que en el piso vivió también su ex pareja).

La afectada se lamenta de que, por esta circunstancia, «la jueza la trata como una ocupa y  no le ha permitido ni presentar la documentación que acredita su versión, por lo que se encuentra ya desesperada ante la inminencia del  lanzamiento y solicita, ya desesperada, que alguien pare este disparate».

Hay que tener en cuenta que se trata de una de las 66 viviendas de protección oficial que construyó en su día Promociones Amojo SL (de la familia del ex presidente del Gobierno canario Manuel Hermoso) y cuyos adjudicatarios han acabado viviendo una situación tan increíble como surrealista porque sus hogares acabaron en manos de otras personas que dicen ser las nuevas propietarias. Los pisos han sido revendidos hasta 3 y 4 veces, aseguran estos residentes en el núcleo de San Isidro.

Las movilizaciones en meses pasados de estas 66 familias afectadas por la presunta venta ilegal de estas casas que alquilaron con opción a compra en 2013 provocaron la reacción del Gobierno de Canarias, ante cuyo Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) habían denunciado ya esta situación, al igual que en el Juzgado de Granadilla en 2019.

De hecho, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, anunció en febrero que el ICAVI va a abrir un expediente sancionador contra Promociones Amojo SL por incumplir el real decreto que regula el Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 al que se acogió esta promotora en 2013 para obtener una subvención a cambio de declarar a las viviendas de Las Acacias como de protección oficial y promoción privada. Y además anunció  que el Gobierno canario ha presentado una demanda civil para que se declaren nulas las ventas sucesivas de estos inmuebles.

Pero este apoyo oficial no está impidiendo que los inquilinos de estas viviendas de protección oficial sigan afrontando procedimientos judiciales de desahucio, como es el caso de esta madre, que cuenta con el apoyo de sus vecinos y vecinas, agrupados en torno a la Plataforma Montaña Clara y con el respaldo de la Asociación de Vecinos Residencial Arguayoda-Las Acacias.

Esta mujer ya sufrió en 2019 un intento de desahucio, por usurpación de vivienda, entonces ganó el juicio. Sin embargo, ahora vive de nuevo una pesadilla.

La citada asociación recuerda que la «incomprensible injusticia» con esta vecina es doble, porque no solo tiene documentación que demuestra que es su vivienda y que paga el alquiler sino que su caso es el de las 66 familias cuyos pisos de protección oficial fueron vendidos ilegalmente y así lo ha reconocido el Gobierno de Canarias.

«No entendemos que siga este calvario judicial cuando ya es público y notorio que somos las víctimas de todas estas irregularidades; se está cometiendo una tremenda injusticia con esta madre y su hija, a las que se les niega el derecho a defenderse», denuncia la Asociación Residencias Arguayoda-Las Acacias, que anuncia movilizaciones para que no se lleve a cabo el lanzamiento. Ya desde el Instituto Canario de la Vivienda están mediando para parar este desahucio al que no encontramos sentido ninguno.