FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Tarjeta monedero (vacío) | Francisco Pomares

Un error lo puede tener cualquiera, y además ya no se fusila a la gente por equivocarse. Por eso, lo normal cuando uno se equivoca es pedir disculpas a los perjudicados por el error cometido, y hacer lo humanamente posible por resolverlo cuanto antes.

La Consejería de Educación del Gobierno regional ha logrado enmendar rápidamente un error –estará resuelto hoy, han dicho- pero lo de pedir disculpas parece que les cuesta más. Quizá porque no creen que el error sea de ellos. De hecho, la viceconsejera de Educación, María Dolores Rodríguez, cree que lo que ha ocurrido no ha sido un error de la consejería ni de los centros, sino que ha faltado comunicación. ¿Con quién? La viceconsejera no lo dice, pero en Educación hay mucha gente que cree que la culpa de lo que ha pasado no es de ellos, que son los que están llevándose los reproches, sino de Hacienda.

Lo ocurrido: la consejería repartió casi 15.000 tarjetas bancarias sin fondos a familias en situación de dificultad económica. 15.000 tarjetas de 120 euros, recargables el próximo mes con otros 120, para ayudar a quienes peor lo están pasando, que se entregaron en los colegios, de acuerdo con la política instaurada hace ya años por José Miguel Pérez –siendo consejero de Educación– de mantener los comedores escolares abiertos en verano.

Con la pandemia, durante los meses del confinamiento, y ahora que se cierran los colegios, se han establecido mecanismos para que los niños de familias con problemas –casi 15.000, se dice pronto– puedan seguir recibiendo atención alimentaria. Algunos padres y madres, espoleados por la necesidad, recogieron las tarjetas –les habían dicho que ya podían usarse– y se fueron directos al supermercado a hacer la compra del mes. Pero cuando fueron a pagar descubrieron que las tarjetas carecían de fondos.

El Gobierno, a través de la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, se ha manifestado a favor del uso de tarjetas de recarga como método para el reparto de ayudas alimentarias, por considerar el sistema más discreto que otros, como la entrega de bolsas con víveres en los bancos de alimentos, y por tanto menos humillante. Probablemente, si lo que se pretende es llegar a todo el mundo que lo necesita, será conveniente no despreciar ninguno de los dos sistemas, pero si el Gobierno quiere dignificar la presentación y gestión de sus ayudas, lo que no puede suceder de ninguna manera es que las personas que las reciben tengan que devolver en la caja del supermercado, delante de sus hijos y de la cola, los alimentos que han comprado.

Alguien debe explicar a qué se refiere la viceconsejera cuando habla de un problema de comunicación: es obvio que Educación repartió las tarjeras en los colegios antes de que Hacienda autorizara el destino de los tres millones y medio de euros que al parecer cuesta entregar 120 euros los meses de Julio y Agosto por cada niño que lo necesita. Hacienda entregó a los colegios las tarjetas –conveniadas con una entidad financiera– sin fondos, y lo hizo “a propósito” para agilizar el trámite de reparto, avisando a los colegios de que todavía no habían dispuesto el dinero y eso debían comunicarlo a las familias antes de darles el plástico. Parece que no se hizo así o al menos no en todos los casos.

Educación puede entonces elegir entre dos versiones distintas: la culpa de lo ocurrido es de las familias que no entendieron las instrucciones, o es del retraso de Hacienda, que hizo la transferencia al banco ayer –ocho de julio–, tras una denuncia pública de Radio Club Tenerife, que entrevistó a un padre que tuvo que dar explicaciones a la cajera y dejar abochornado todo lo que había comprado. Tarjetas monedero, sí. Pero no vacías.

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