FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | 20 días | Francisco Pomares

Después de dos años de confinarse tras discursos y operaciones de imagen, al Gobierno Sánchez le está tocando empezar a gobernar. A ocuparse de la parte más dura de hacerlo, que no sólo de repartir fondos ajenos viven los Gobiernos, también hay que cumplir las instrucciones europeas que permiten acceder a esos fondos, y eso implica tomar decisiones difíciles.

En los últimos días están los ministros que se salen, llegando a acuerdos sobre pensiones, endosando a los próximos a jubilarse el aviso de que toca currar más (más y más tiempo, me temo) para cobrar una pensión decente, pasándose las exenciones del REF por el refajo, o poniéndose a arreglar viejos problemas difíciles de resolver, como el interinaje de los empleados públicos.

Ayer el Consejo de Ministros metió el acelerador a la reforma de la jubilación, dejando para los dos próximos años las decisiones más impopulares, como el cambio en el tiempo de cómputo para el cálculo de lo que se cobrará de pensión. Dónde si se mojaron lo suyo fue en el asunto de la temporalidad de los empleados públicos, dando luz verde al plan negociado por Miquel Iceta con los sindicatos y las Autonomías más afines, para regularizar a 300.000 interinos.

Quienes llegaron a pensar alguna vez que el ministro Iceta pasaría a la historia recordado por sus habilidades para el baile mitinero, se equivocaron de medio a medio: a Iceta le va a tocar bailar con la más fea, y si es recordado alguna vez por algo, será por haber propuesto indemnizar con 20 días por año trabajado (con el límite de 12 mensualidades) a los interinos que no logren superar una oposición y aferrarse así a su puesto.

Es verdad que lo de los 20 días choca bastante viniendo de un Gobierno sostenido por dos partidos que se desgañitaron en campaña electoral asegurando que entre sus primeras medidas estaría la de suprimir la reforma laboral del PP en 2012, que incorporó –como su decisión más polémica– la de indemnizar con 20 días frente a los 45 que había antes.

Cierto que la reforma del PP sigue vigente, y a lo que parece, actúa como faro guía cuando el Gobierno piensa en finiquitar a sus trabajadores. Iceta ha dicho que espera que todos ellos consigan mantener sus plazas, pero mientras dice eso, lo que aprueba es resolver la hipótesis contraria recurriendo a la denostada indemnización pepera. Y además, aunque afirma que todas las oposiciones habrán de hacerse antes de que acabe 2024 (todo se deja para después de las próximas elecciones), no queda muy claro cómo. Iceta dice que el interinaje se reducirá estructuralmente al 8 por ciento, ahora es del 13 por ciento en los ayuntamientos, y por encima del 30 en las regiones, por el disparate en Sanidad y Educación, y él quiere que quede como en la Administración central y en Europa. Pero el Gobierno sólo reconoce 310.000 empleados en situación de fraude, frente a los 800.000 que afirman los sindicatos que hay.

Y hablando de los sindicatos, resulta extraña la nula beligerancia con la propuesta de liquidar con 20 días a quienes no superen el proceso. UGT, CCOO y CSIF no parecen estar muy por la labor de crearle problemas al Gobierno.

Un Gobierno que ayer hacía coincidir dos asuntos peliagudos, como la reforma de las pensiones y la solución al fraude temporal en las contrataciones laborales de la Administración, con la aprobación del proyecto de ley ‘sólo sí es sí’, de Irene Montero. Una ley que modifica el paradigma legal sobre la violencia machista y sitúa la existencia o no de delito sexual en el consentimiento de las víctimas.

Se hablará mucho de la ley Montero. Y es poco probable que las teles se ocupen a fondo del retraso en las jubilaciones o del pago de sólo 20 días a los hombres y mujeres que no superen una oposición y pierdan su trabajo después de veinte años de ejercerlo en fraude de ley.

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