FIRMAS Salvador García

OPINIÓN | Pensiones | Salvador García Llanos

La derogación del denominado factor de sostenibilidad y la creación de un mecanismo de equidad intergeneracional son los soportes del acuerdo que han alcanzado Gobierno, patronales y centrales sindicales para desbloquear un acuerdo de amplio alcance sobre pensiones. Otros asuntos de indudable interés informativo han ido minimizando la importancia de esta concertación que, a la espera de flecos y firmas, resulta de gran importancia no solo por el número de personas afectadas sino también por la estabilidad que debe aportar al sistema, sobre el que ha orbitado a lo largo de los últimos tiempos una controversia de incierta resolución. Parece que con tal acuerdo, el panorama se despeja.

Desaparece, pues, el factor de sostenibilidad, cuya aplicación, prevista para 2023, quedará sin efecto. Estaba consignado en la reforma que el Partido Popular había acometido en 2013 para ajustar a la baja las nuevas pensiones si aumentaba la esperanza de vida.

Y entra en escena, tanto en el texto normativo como en el acuerdo que le da cobertura, el compromiso firme de negociación entre el ejecutivo y los agentes sociales para reemplazar el mencionado Factor por un Mecanismo de Equidad Intergeneracional, una nueva fórmula de ajuste de los parámetros del sistema (todavía por definir en el marco de la mesa de diálogo) que permita mantener bajo control el gasto en pensiones.

Esta reforma de las pensiones incluye, según ha ido trascendiendo en las sesiones de la negociación, otros sustantivos cambios en el sistema. Por ejemplo, la recuperación de la revalorización anual de las pensiones de forma automática según la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC), el indicador que mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios en un lugar concreto durante un terminado período de tiempo. Es, como se sabe, el que se utiliza para medir el impacto de las modificaciones de los precios en el impacto del coste de la vida.

Otra novedad son los incentivos para las jubilaciones demoradas. Según anticipó la cadena SER, facilitarán a los jubilados que retrasen su retiro respecto a la edad legal, unos ingresos extra que podrían llegar a doce mil euros por año de demora) y un rediseño de las jubilaciones anticipadas que reducirá, respecto a las actuales, las penalizaciones de los que se retiren antes de la edad legal si, en vez de jubilarse en la primera oportunidad (24 meses antes de la edad de referencia) esperan algunos meses más.

En fin, tras una negociación ardua, un resultado aparentemente satisfactorio. Todo da a entender que las partes firmarán y que la estabilidad, salvo imponderables, predominará.

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