FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | De Pulitzer | Francisco Pomares

Por definición, el jefe de Gabinete de un cargo público debiera ser discreto y conciliador. No parece –siquiera sea más por prudencia que por convicción– que entre sus competencias esté la de desacreditar públicamente el trabajo de los periodistas que informan sobre cuestiones relacionadas con sus responsabilidades. Pero claro, lo que como norma vale para la mayoría, quizá no valga tanto para el jefe de Gabinete de la consejera de Derechos Sociales, Javier Sánchez González, que ayer se tomaba a guasa las denuncias sobre prostitución y supuestos abusos sexuales a un menor, en uno de los centros dependientes de la Consejería. Sánchez descalificó la información y advirtió al primer periodista que se hizo eco, de que “este año te llevas el Pulitzer”.

No es la primera vez que empleados de Noemí Santana insultan o menoscaban en twitter a periodistas. De hecho, se trata de una especialidad de la casa: cualquier información crítica sobre las deficiencias de la gestión de Santana o los suyos es airadamente replicada en redes sociales, siguiendo los mecanismos de ‘guerra de redes’ ya usados por la consejera cuando aún no lo era. Cierto que en este caso quizá no pueda hablarse de Javier Sánchez como ‘empleado’ de Santana. En Derechos Sociales consideran que es más bien el comisario político del Podemos en la Consejería. Es quien reporta al partido, directamente a la dirección nacional, como lo hace la consejera. Manda mucho, dicen.

Aun así, no parece de recibo que ante la información de presuntos abusos sexuales a menores –algo extraordinariamente grave, de confirmarse– un responsable de la Consejería cargue contra el mensajero. Sobre todo si de paso oculta que la Consejería conocía la denuncia –“denuncia anónima que se envía por un email anónimo”, recuerda Javier Sánchez–, pero no la puso en conocimiento de la fiscalía o la policía nacional, porque «los menores son competencia de la Policía Canaria». Noemí Santana se limitó a llevar a cabo una investigación interna, en la que no se detectó la existencia de abusos sexuales, pero sí de ‘deficiencias’ en el funcionamiento de la instalación provisional de Puerto Bello, trasladas ayer a la Sección de Menores de la Fiscalía, casi al mismo tiempo que el Gobierno urgía el traslado de los cincuenta menores más conflictivos de Porto Bello a otros centros, y mientras el jefe de gabinete de la consejera ironizaba sobre el Pulitzer.

Hasta la propia Noemí Santana, en rueda de prensa, pedía ayer cerrar los centros provisionales de acogimiento habilitados en alojamientos turísticos. Y es que sigue la señora Santana en la oposición, no ha asumido que está en el Gobierno y que esa decisión es competencia suya. Claro que cerrar los centros significa reconocer un problema y entra en contradicción con las declaraciones -ayer mismo, un día bastante marciano- del secretario de Estado de la Agenda 2030, Enrique Santiago, que el día antes se reunió con su compañera de partido (doña Noemí) para declarar acto seguido y en relación con el desbordamiento producido por el acogimiento de menores inmigrantes, que «no es posible obligar a otras comunidades a atender menores extranjeros» que entran en el país por Canarias, y que «no parece que unos centenares de muchachos sean un gran problema» para las islas.

Eso sí que NO es de Pulitzer: hablar de ‘unos’ centenares cuando son ‘27’ centenares. 2.700 menores que a juicio del secretario de Estado deben seguir aquí porque «Canarias tiene muchas ventajas por su ubicación geográfica» y también debe tener por tanto «alguna desventaja».

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