FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Liderazgo supremo | Francisco Pomares

Sin duda la Justicia española es lenta, confusa y a veces desquiciante. Nuestro sistema judicial está lastrado por muchos vicios y defectos, y entre ellos probablemente el que más daño hace a los ciudadanos, sea el de su morosidad. Pero si este país no contara con un sistema judicial independiente, estaríamos demasiado lejos de Venezuela, sometidos al poder omnímodo de quienes nos gobiernen en cada ocasión.

Ya saben que la Sala Segunda del Supremo emitió el miércoles su informe contrario al indulto que prepara Sánchez para los presos condenados por su comportamiento delictivo durante octubre de 2017. El informe, cuyo contenido y espíritu compartimos millones de ciudadanos, recuerda que las condiciones establecidas en las leyes para conceder el indulto requieren arrepentimiento de los reos y renuncia explícita a cualquier voluntad de reincidir. Lo cierto es que esas dos condiciones esenciales para otorgar el indulto no se cumplen. Por eso el Supremo considera que perdonarles es inaceptable.

La respuesta del presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, afirmando que el Supremo mantiene la dirección represora que inició con la sentencia condenatoria sobre el procés, no debería ser causa de sorpresa. Sí la del presidente Sánchez, que ha tenido la osadía de calificar de “venganza” o “revancha” el que se cumpla la sentencia dictada en su día por el Supremo. Para Sánchez, que hace dos años pedía el “cumplimiento íntegro” de la condena a los líderes del procés, la única opción de concordia que tiene hoy este país es indultar a quienes intentaron imponer la independencia de Cataluña con una campaña de desobediencia civil que había de desembocar en un golpe de estado secesionista.

A Sánchez no le preocupa la concordia. Si ha cambiado radicalmente su posición en relación con el indulto es por lo mismo que cambió su discurso sobre no poder dormir teniendo a Iglesias en el Gobierno: porque a Sánchez sólo le preocupa la continuidad de Sánchez. Lo que pretende con el indulto es crear las condiciones para que Esquerra apoye su continuidad en el Gobierno. Le importa una higa si eso le obliga a asumir los argumentos secesionistas, o castigar a los españoles con un par de meses de ingeniería mediática desde la televisión pública y los medios afines, para reducir el rechazo de la mayoría de los ciudadanos a perdonar a quienes intentaron destruir los fundamentos de la convivencia y ni se han arrepentido de haberlo hecho, ni han renunciado a reintentar hacerlo.

Tras la decisión del Supremo, Sánchez ha visto frustrada su capacidad para otorgar a los presos un indulto total (que ni siquiera ellos mismos han querido pedir), pero si podrá hacer una demostración de fuerza y aprobar indultos parciales. Sánchez necesita esos indultos como moneda de cambio para sostener su Gobierno en una legislatura que quiere llevar al menos hasta hacerla coincidir con la convocatoria de las elecciones andaluzas, en febrero o marzo de 2022. Cuando por fin indulte a los condenados –tras un par de meses de bombardeo televisivo sobre “la convivencia y la concordia” y un abuso masivo de los trucos del teatrillo de Redondo y Tezanos– el Gobierno consumará la ruptura constitucional que hace años se ha convertido en el objetivo de las fuerzas independentistas y la izquierda podemita.

Es poco probable que el PSOE actual, convertido en la finca de Sánchez, se plante para evitar ese desaguisado. Pero estoy seguro de que un par de millones de votantes socialistas le pasarán factura.

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