El Parlamento de Canarias decidió ayer votar nuevamente contra la constitución de la Junta de Control de la tele canaria, de la que este menda era uno de los siete propuestos. Se repitió así el espectáculo de ver a partidos votando contra sus propios candidatos a la Junta. Se sacrificó incluso la elección del administrador único de la Tele como Director General. Paradojas de la política: los tres partidos que se han pronunciado en algún momento en defensa del carácter público de la televisión, votaron para impedir crear el organismo que debería controlar a la dirección de la tele. Podemos votó en contra de crear la Junta, igual que Román Rodríguez y sus diputados.
También el presidente Torres, decidido impulsor hace meses de la Junta, y defensor en sus declaraciones del modelo público, se remangó ayer en la brega de los pasillos parlamentarios, hasta conseguir los votos precisos para evitar que la Junta quedara constituida. Contó con el apoyo de cuatro diputados ajenos al Pacto de las Flores: uno del PP, que no apareció por el pleno porque estaba convaleciente de un implante capilar. Debía dolerle mucho la cabeza, porque hasta se olvidó de pedir voto anticipado, y restó así su apoyo a la causa de la oposición. Otro que se sumó fue el diputado de Ciudadanos, probablemente en busca de destino y/o canonjía. Y una diputada majorera, alejada del grupo de Nueva Canarias por cuitas isleñas, que buscó ayer cobijo bajo la protección de la mayoría. Y por último, el anciano profesor García, obsesionado con la administración de los prestigios, que ayer se descolgó con un NO a la Junta que llevaba escondido en la doblez de su manga desde el día antes. En total, sin contar el voto no emitido del diputado pepero convaleciente de picores capilares, eran los 36 votos que necesitaba Ángel Víctor Torres. No sólo para cantar esta extraña victoria suya que parece una derrota autoinflingida… de paso, para mandarle a su socio Curbelo el mensaje de que no se le ponga arisco, que él es quien manda.
Probablemente, la lección de este tercer bloqueo en cinco años (y tres o cuatro reformas de la ley) al organismo que podría controlar los entresijos del negocio privado de la tele, se resume en aquél castizo refrán sobre un poderoso caballero. Ahora, el Gobierno elaborará en los próximos días un decreto-ley que deberá convalidar el Parlamento, por el que –atendiendo a la urgencia y el riesgo de que se interrumpan las emisiones– se autorizará al administrador único a firmar la prórroga del contrato de los actuales proveedores de servicios e instalaciones al Ente canario. Y después, el administrador único los firmará.
Esa es la victoria de los que hoy se jactan desde distintos altavoces de haber ganado por tercera vez esta misma pelea. Y tienen razón, han ganado otra vez, siempre con las mismas artes: es la nueva victoria de los defensores de un modelo de gestión mixto, donde manda lo privado, un modelo que mantiene a casi 300 currantes a los que se prometió avanzar en lo público en el mismo limbo. Y a la televisión de las islas sin instalaciones, sin estudios, sin cámaras, sin equipos, decorados, unidades móviles, micrófonos o grabadoras. Porque hoy, 21 años después de arrancar las emisiones de la tele canaria, todo es propiedad de las empresas que prestan sus servicios, y eso después de haberse gastado Canarias cerca de mil millones de euros en mantener la tele. Esa es la victoria de la que presumen.
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