FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Ahora y antes | Francisco Pomares

Fue el 20 de agosto de 2008: el vuelo JK-5022 de Spanair, que hacía el trayecto Madrid-Las Palmas, se estrelló en Barajas inmediatamente después de despegar, con un balance de 154 personas fallecidas frente a solo 18 supervivientes. Más de doce años después, el Pleno del Congreso aprobaba ayer por 219 votos a favor, los 121 votos en contra del PSOE y con seis abstenciones, las conclusiones de la comisión de investigación del accidente, creada en el Congreso y que a lo largo de tres años se ha reunido en treinta ocasiones y ha hecho comparecer a una cincuentena de personas para establecer las causas del accidente y pronunciarse sobre las responsabilidades que se derivan de él.

El resultado de la votación, con el PSOE aislado en su negativa a atribuir responsabilidad alguna al Gobierno Zapatero, no ha supuesto ninguna sorpresa, aunque sí bastante vergüenza para muchos de los propios diputados socialistas, forzados a votar en contra de sus convicciones y criterio. La comisión aprobó a mediados de abril su dictamen, con 210 votos a favor y el rechazo del PSOE, porque en ese dictamen se establece la responsabilidad de varias personas que en la fecha del accidente ocupaban puestos designados por el Gobierno Zapatero: la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, el secretario general de Transportes, Luis Fernando Palao, el director general de Aviación Civil, Manuel Bautista, y los responsables del aeropuerto de Barajas, de Aena y de la Agencia de Seguridad Aérea. El informe asegura que se produjo un fallo de todo el sistema de prevención, del que se hace responsable a los encargados de “establecer, evaluar, evolucionar (sic), comprobar y corregir” sus debilidades. El rechazo del PSOE a apoyar la asunción de responsabilidades, dejó al grupo socialista en total minoría en el Congreso.

Frente a ese comportamiento, fruto de una mal entendida disciplina partidaria, y marcado por la falta de empatía y solidaridad con las víctimas y sus familias, algunos recordamos el comportamiento del PSOE en la comisión de investigación del accidente en Barajas del 7 de diciembre de 1983, un año después de la llegada de Felipe González al poder. En aquella ocasión, el vuelo 350 de Iberia, un Boeing 727 con destino el aeropuerto de Fiumicino, colisionó con el vuelo 134 de Aviaco, un McDonnell Douglas DC-9 que se dirigía a Santander. Murieron las 42 personas que viajaban en el DC-9 (37 pasajeros y 5 tripulantes), además de 50 pasajeros y un miembro de la tripulación del Boeing. Hubo 42 supervivientes, todos del Boeing.

La comisión de investigación del accidente, impulsada por el propio ministro de Transportes del Gobierno González, Enrique Barón, desveló deficiencias en la señalización del aeropuerto y los errores del procedimiento para garantizar la seguridad en la circulación de los aviones sobre las pistas. El ministro y su director general de Aviación Civil, Pedro Tena, defendieron siempre que la señalización del aeropuerto era la adecuada, pero el dictamen en sentido contrario de la comisión parlamentaria de investigación –resuelto en tres años y hecho público en 1986– fue asumido por los socialistas, en un ejercicio de autocrítica pública que se saldó con el compromiso de modificar la señalización y protocolos de Barajas para reducir la posibilidad de nuevos accidentes. Tanto el ministro Barón como su director general renunciaron a sus puestos en 1985, unos meses antes de hacerse público el dictamen. Nadie pidió que fueran fusilados por los accidentes, sólo que asumieran políticamente su responsabilidad. Unos años después, siendo eurodiputado, Barón comentó con amargura que ese accidente –y el del Jumbo de Avianca que se estrelló cerca de Barajas un mes antes– habían sido lo peor que le había ocurrido en su vida.

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