FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Sin toque de queda | Francisco Pomares

Pues no era como creía el Gobierno: Canarias no puede mantener el toque de queda y el cierre perimetral del Archipiélago. El Gobierno decidió pedir ayer mañana al TSJC una ‘aclaración’ sobre si se podían mantener las medidas suspendidas por el TSJC hasta la respuesta al recurso de casación del Supremo. El TSJC fue muy contundente al responder que no procede aclaración alguna de un auto que el máximo tribunal canario considera suficientemente claro. Lo que procede, entonces, es acatarlo y cumplirlo.

Tras comunicarse al ministerio fiscal (eso suena fatal) y al Gobierno regional la firmeza total del auto del TSJC, Torres decidió convocar entonces un Consejo de Gobierno extraordinario, para decidir qué hacer y cómo hacerlo. Tras el consejo, su portavoz, Julio Pérez, anuncio que quedan sin efecto las medidas restrictivas amparadas por el estado de alarma, pero no ratificadas por el TSJC.

Los servicios jurídicos del Gobierno prepararán su recurso de casación a toda velocidad, pero mientras no llegue el pronunciamiento del Supremo, ni toque de queda ni restricciones perimetrales. Eso no significa que no se mantengan las limitaciones del aforo de los establecimientos o los horarios reducidos para la restauración o el comercio, pero si uno quiere pasarse la noche con cinco colegas sentado en un banco de las ramblas y cantando folías (en voz baja, para no despertar a los vecinos), nadie va a poder impedirlo. En Canarias. En otras regiones, donde sus tribunales Superiores de Justicia han adoptado otro criterio, sucederá de otra forma diferente. Ese es el disparate que ha provocado la decisión de Sánchez, al cancelar sin preparación previa el estado de alarma y obligar a cada región a definir sus criterios, enfrentándolos a lo que decidan los jueces.

Uno tiene la impresión de que esta situación se acerca mucho al caos. No el caos que se ve en las películas apocalípticas, de momento por aquí no nos salen zombis de detrás de los contenedores, aunque empiezan a verse pobres revolviendo en ellos, como en la crisis de 2008. Pero este caos es el de un desafuero absoluto, que conduce a la existencia de derechos diferentes en distintos territorios –algo que no parece muy constitucional– y que en la práctica produce confusión, alimenta la desobediencia –no hay peor acicate para negarse a cumplir un mandato que las órdenes confusas o contradictorias–, y que alienta la expansión de la enfermedad. En plena reducción de esta última ola de contagios y muertes, el Gobierno de la nación ha provocado una situación absurda e innecesaria, básicamente por negarse a prevenir lo que vendría con una regulación que embridara la uniformidad. No lo hizo Sánchez por desidia, quizá por pereza, pero sobre todo porque a Sánchez sólo le mueven las decisiones que le aportan renta electoral, y esta no era una de ellas.

Ahora viviremos diez días de impasse (los cuatro que hay para presentar un recurso de casación al Supremo y los cinco que tiene el Supremo para pronunciarse sobre ese recurso), que podrían ser meses si se mantiene la negativa del Supremo al establecimiento de restricciones a la libertad de movimientos. Todo esto, en un contexto de muy moderado optimismo sobre la evolución de la pandemia y la reducción de los contagios en las islas. Pero… ¿qué podría ocurrir si la suspensión de las medidas restrictivas vuelve a disparar las infecciones en el país? Es de suponer que aún nos movemos dentro del método de ensayo y error, y entonces se actuaría con urgencia para resolver la situación. Es de suponer, pero yo no apostaría por ello.

Sánchez nos ha creado, sin motivo aparente, un problema de envergadura. Otro más.

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