FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | El despelote | Francisco Pomares

Gobierno de Canarias y TSJC se enfrentarán en los próximos días en el Supremo al establecimiento de criterios comunes para todo el país, para intentar unificar el despelote que está siendo el descuelgue territorial del estado de alarma, decidido unilateralmente por el Gobierno Sánchez en contra de lo que le pidieron todas las autonomías no socialistas. Y alguna socialista, como la de Extremadura, donde gobierna el PSOE que va por libre, y no se pone firme cada vez que tose Iván Redondo.

El Gobierno de Canarias está preparando a toda velocidad el recurso de casación en el Supremo contra el auto del TSJC, conocido ayer tarde, sobre sus decisiones en relación con el mantenimiento del toque de queda, la limitación de reuniones entre personas no convivientes y los controles en puertos y aeropuertos. Tras una maratoniana reunión de dos días, y con votos particulares en alguno de los casos, el TSJC decidió que no procede ratificar la “limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno”, ni la “limitación de entrada y salida de personas en las islas que se encuentran en los niveles de alerta 3 y 4”, dos asuntos que a juicio de la Sala no pueden imponerse fuera del amparo legal del estado de alarma.

El tribunal ha hecho lo que tenía que hacer, lo que necesariamente tenía que hacer, que es velar por el cumplimiento de las leyes y por la protección de los derechos constitucionales de las personas, pero el Gobierno Torres también ha hecho –a mi juicio– lo que no le quedaba más remedio que hacer, que es intentar proteger a los ciudadanos de Canarias ante una decisión precipitada y sin la preparación legal necesaria, adoptaba arbitrariamente por el Gobierno Sánchez.

La decisión correcta ha sido la de ganar aunque sean cinco días más de tiempo –eso pueden ser muchos contagios evitados y algunas vidas salvadas– presentando ante el Supremo el recurso contra el auto del TSJC. Esa decisión estaba definida ya con antelación a conocerse el resultado del auto, como mecanismo para ganar tiempo, si el alto tribunal canario decidía suspender el toque de queda. Ya Antonio Olivera, hombre fuerte de Presidencia, había comentado esa posibilidad, y también anunciado otros mecanismos suplementarios para que –aún suspendiéndose el toque de queda y las restricciones a la libre circulación- resultará poco atractivo seguir fuera de casa de noche. El Gobierno mantendrá la prohibición de que bares y restaurantes sigan abiertos más allá de las once, y el consumo de alcohol fuera de bares y recintos será perseguido. Con esas dos medidas, se espera que la presencia de gente en las calles de Canarias más allá de las horas permitidas por el toque de queda, no sea superior a la que se produciría si se hubiera seguido aplicando éste.

Ahora se trata de esperar la decisión del Supremo. Y de recordar que la responsabilidad última de lo que nos ocurra de aquí en adelante tiene también mucho que ver con nuestra propia actitud para continuar protegiéndonos de un virus que aún no ha sido vencido. Y de la capacidad de los gobiernos para continuar aumentando el ritmo de las vacunaciones y cumplir su compromiso de tener a la mayoría de la población vacunada antes de que finalice el verano. Esa sigue siendo la política más eficaz para acabar con todo esto de una vez.

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