FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Todo parado | Francisco Pomares

La bronca por el control de la justicia española he llegado a Europa, justo cuando el Gobierno Sánchez tiene que enviar a Bruselas el plan de Estabilidad, que debe incluir los mecanismos para el ajuste del déficit y las medidas de recorte. También debe presentar España su plan de reformas (en pensiones y legislación laboral, especialmente) que este año se ha bautizado pomposamente como plan de el Plan de Recuperación y Resiliencia. Nos estamos especializando en cambiar los nombres de las cosas, como si cambiándolos se resolvieran los problemas. Pero ni el bloqueo de la justicia, ni el déficit, ni el mercado de trabajo, ni la quiebra de las pensiones se resuelven con brillantes ocurrencias de Iván Redondo.

Varios países europeos han presentado públicamente sus propuestas para contener el déficit provocado por la pandemia: Francia, por ejemplo, anuncia que reducirá su déficit, que este año cerrará cerca del diez por ciento, hasta la mitad en el próximo ejercicio. Por ahí va lo que espera Europa, pero es probable que el Gobierno de España se demore con el plan de ajuste, porque de hacerlo en tiempo, debería presentarlo a finales de este mes, en la recta final de las elecciones madrileñas. Y Sánchez no va a anunciar medidas de ajuste al final de la campaña por la presidencia de Madrid. No puede contentar a la Comisión Europea y a los votantes al mismo tiempo. Ni en materia de pensiones ni en la reformas del mercado laboral. Ya son demasiadas las contradicciones que se acumulan en un discurso de campaña que resulta cada día más crispado y demagógico.

Ayer, mientras la ministra Yolanda Díaz ponía los pelos como escarpias a los empresarios amenazando con convertir la ley de repartidores en referencia para la futura reforma laboral, Fernando Simón negaba categóricamente la afirmación realizada por Pedro Sánchez de que Madrid falsea los datos estadísticos sobre afectados por el Covid. Parece que todos los discursos políticos se supeditan a las elecciones, y que es muy probable que eso impida que el Gobierno se comprometa seriamente con la Unión Europea en la senda de la contención. Y no es el único punto de enfrentamiento entre España y la Unión, ahora que sabemos que los fondos no van a llegar hasta 2022, entre otras cosas por el retraso que supone su impugnación ante el Constitucional alemán. España carece de un calendario para la ejecución de los fondos. De momento, lo que hay son más proyectos que los que podrían financiarse, incluso en la hipótesis de que el maná de Bruselas siguiera cayendo durante un lustro. Eso va a provocar que las licitaciones sean muy competitivas (recurridas por empresas y equipos de abogados) y que se retrase también su ejecución y por lo tanto su incidencia en la creación de empleo y estímulo del PIB.

Pero no sólo hay problemas por la falta de recursos: la campaña de vacunación no está funcionando como se esperaba, por más que Sánchez garantice nuevos compromisos y presente nuevas fechas para cumplirlos. La vacunación se está convirtiendo, en todos los países donde funciona, en el principal mecanismo de activación económica, en el mejor de los estímulos para la recuperación de la actividad, el empleo y la economía. Pero en España hemos optado por un sistema hiperburocratizado, en el que se da más importancia al cumplimiento de complejísimos protocolos –entre ellos los que destinan personal domiciliario a una única vacunación– que a lograr vacunar a cuanta más gente mejor. Las órdenes contradictorias de Sanidad este pasado fin de semana en Canarias son sólo una muestra local de un problema muchísimo más amplio.

Todo está parado, se retrasa, se bloquea, se politiza… y siguen muriendo 200 personas todos los días. Va a ser muy difícil llegar así a 2023.

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