FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Público y privado | Francisco Pomares

Leo un comunicado del Comité Ejecutivo de Ashotel, suscrito unánimemente por sus miembros, apoyando la continuidad de Jorge Marichal como presidente de la patronal hotelera tinerfeña, tras conocerse –casi un año después de que se produjera la sentencia de la Audiencia Provincial tinerfeña– su condena a dos años de cárcel por fraude fiscal, en un asunto que se remonta a doce años atrás y que estuvo durante siete años dando tumbos por los tribunales, sin que fuera divulgado: resulta que una empresa de Marichal vendió a otra empresa de Marichal (y de su padre) nueve apartamentos, sin declarar esa venta en el impuesto de sociedades. Eso supuso un fraude de casi 300.000 euros. La historia ha sido relatada con pelos y señales por este periódico, así como las consecuencias de la sentencia, que prohíbe a Marichal y a su socio condenado poder acceder a subvenciones públicas, aunque no supone su ingreso en prisión, porque la pena es en un día –justo uno– inferior a los dos años y un día, y porque Marichal carece de antecedentes. Además, en septiembre pasado, Marichal presentó un recurso de amparo ante el Constitucional, con lo que el caso sigue formalmente abierto.

Lo que a mí me llama la atención no es que Marichal se haya defendido públicamente asegurando que no cometió fraude. Es probable que creyera que mover casi un millón de euros entre dos empresas participadas por su familia le eximía de pagar impuestos. Pudo equivocarse, pero eso no implica que lo que le ha ocurrido a Marichal (que es también presidente de la patronal hotelera española) sea un asunto del ámbito privado, como dicen desde Ashotel para justificar que Marichal siga en la presidencia de la Asociación. Estoy convencido de que este asunto sí es de trascendencia pública, porque hablamos de una persona que ha cometido un delito de fraude fiscal siendo presidente de las patronales hoteleras española y tinerfeña, y actuando desde hace años en la esfera de lo público, con ideas bastante sensatas –por cierto–, aunque eso no venga ahora al caso. A veces es frecuente confundir el ámbito de lo privado y el de lo público, sobre todo cuando se trata de personas poderosas o importantes o famosas o –sencillamente– ricas.

La verdad es que no todos los delitos tienen proyección pública, pero éste sí. Un ejemplo de un delito que no la tiene, ni la tendrá probablemente nunca, es el cometido por un anónimo joven de 23 años, condenado hace unos meses por haber robado 20 euros. Parece que el chico –que entonces acababa de cumplir los 19– iba disfrazado de caco –era Carnaval–, bastante borracho, y que él o uno de los otros dos colegas que le acompañaban y que la policía no logró detener, amenazaron con un cuchillo de plástico a una pareja, aunque no hubo violencia. De hecho, el protagonista de esta otra historia devolvió el móvil y la cartera con los documentos a la pareja atracada, tras guardarse los 20 euros. Tras ser detenido y juzgado, abandonó la yerba –tenía antecedentes por una pelea estando colocado–, se buscó un trabajo que perdió con la pandemia, hizo varios cursos para mejorar su formación y asumió voluntariamente el cuidado de un anciano dependiente. Yo diría que se había rehabilitado, y diría también que su familia –decente y humilde– se arruinó pagando abogados, y que eso no impidió que fuera condenado a cuatro años y medio de prisión, que cumple en una cárcel tinerfeña.

Y esa –20 euros, cuatro años y medio– es una historia completamente privada, la historia de un delito y una condena de las que no se hablará nunca.

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