La Fiscalía se ha adherido a la petición de medidas cautelares solicitadas por la concejal chicharrera Evelyn Alonso, para evitar su expulsión de Ciudadanos. La Fiscalía aprecia que en la decisión y proceder de su partido existen indicios de vulneración de los derechos fundamentales de la concejal, el mismo criterio seguido en su día con Matilde Zambudio, que también solicitó y obtuvo cautelares, lo que le permitió seguir en el grupo municipal de Ciudadanos, hasta que la nueva dirección del partido pactó con ella y Juan Ramón Lazcano (y con los díscolos del Cabildo) su reincorporación.
Lo que plantea la Fiscalía en el caso de la concejal, es que existe una merma de los derechos políticos y económicos de Alonso, y de su capacidad de poder participar desde lo público o privado de las decisiones y actuaciones del partido. Es el mismo criterio de la sentencia dictada el 14 de octubre de 2019 por la magistrada María Gabriela Reverón, devolviendo la condición de concejales de Ciudadanos a Juan Ramón Lazcano y a la abogada Zambudio. El partido podía haberse mantenido en la denuncia contra ambos, pero al final prevalecieron las tesis de Melisa Rodríguez, que tras las elecciones había apostado por el desalojo de los nacionalistas de todas las instituciones y corporaciones de Canarias. Después de haber animado secretamente a sus concejales para que votaran con el PSOE de Santa Cruz, Melisa intercedió por Zambudio y Lazcano y los recuperó para el partido, cuando ya estaban integrados en el poder local. Es cierto que eso no duró mucho: los conflictos entre Zambudio y Lazcano provocaron la dimisión de éste y su sustitución por Evelyn Alonso, partidaria de cumplir las instrucciones iniciales de Ciudadanos y reponer en el ayuntamiento al alcalde que había ganado las elecciones. El resto de la historia es conocida: Alonso apoyó la censura contra Patricia Hernández, que perdió la alcaldía, y lo hizo a pesar de la oposición de la nueva dirección de su partido, que le exigió primero que renunciara al acta y después que asumiera la nueva política de entendimiento con el PSOE. Fue por eso fulminantemente expulsada, exactamente igual que se había hecho antes con Zambudio y Lazcano, pero por hacer lo contrario que ellos.
Desde ese momento, Alonso fue sometida a un brutal linchamiento público orquestado por los partidarios de la alcaldesa censurada (las amenazas que sufrió por parte de alguno de ellos se investigan actualmente en un juzgado de Santa Cruz) al que se sumó la dirección de su propio partido. Después de expulsarla, fue despedida de su trabajo como asesora del Grupo parlamentario Mixto –una decisión que también ha sido recurrida en los tribunales–, y sometida al público escarnio de ser tratada como tránsfuga y corrupta, porque ahora no es tránsfuga quien abandona un partido para irse a otro, sino quien el partido decide poner de patas en la calle.
Algún día, cuando se estudie la deriva autoritaria de las últimas leyes aprobadas, sorprenderá que se haya tolerado que los partidos puedan coaccionar a sus afiliados hasta el extremo de poder decidir que pierdan sus derechos económicos y parte de los políticos. Porque el caso de Evelyn Alonso, repudiada y linchada por los suyos por mantener la coherencia del discurso que hizo en las elecciones, no es en absoluto un caso único, especialmente en Ciudadanos: tras los errores cesaristas de Rivera, y la ocupación de la dirección por Arrimadas y su tropa, en el edificio naranja de la calle Alcalá entienden que el centrismo consiste en pactar unas veces con unos y otras con otros, que el centro político se define como un espacio para negociar poder a izquierda y derecha, y no como un programa basado en la defensa de la moderación, la búsqueda de acuerdos y la voluntad de evitar radicalismos. Probablemente esa deriva oportunista de Ciudadanos es la que les conduce a la extinción. Pasando antes por espectáculos vergonzosos como el de Murcia, el de Madrid o el de Castilla y León.
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