FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Ufff… | Francisco Pomares

El pasado dos de febrero, el Juzgado de Instrucción número 6 de Puerto del Rosario ordenó la apertura de juicio oral contra el ex presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, por un delito societario cometido en su etapa como responsable de la empresa pública de gestión urbanística de Pájara, Gesturpa.

Se trataba de una circunstancia conocida, que ayer fue presentada por algunos medios como una novedad, como si ya se hubiera iniciado el juicio oral. La filtración interesada de una noticia ya conocida como si fuera nueva, parece responder al deseo de presionar a Ángel Víctor Torres para evitar el nombramiento de Acosta como viceconsejero de Economía.

Una polémica decisión que –tras unos días de estruendoso silencio– provocó el rechazo de Unidas Podemos y el anuncio de que si Torres incorporaba a Acosta al Gobierno, Podemos consultaría a sus adscritos el seguir o no formando parte del Gobierno regional. Lo cierto es que la amenaza de Unidas Podemos parecía desde el principio de escaso recorrido. Podemos tiene a gala la celebración de consultas a sus bases sobre los pactos de gobierno a la mitad de la legislatura, por lo que la consulta teóricamente motivada por el nombramiento de Blas Acosta estaba ya contemplada en la agenda del partido morado.

Aún así, para evitar tensiones en el Consejo de Gobierno que debía nombrar a Acosta, hace dos jueves, Torres decidió retrasar la decisión, pero anunció que el nombramiento se produciría este jueves pasado. Tampoco se produjo entonces el nombramiento, y ayer viernes saltó a los medios la noticia que aseguraba que Acosta ya se encuentra en juicio oral, porque la jueza María Coromoto Lozano, consideró que la denuncia presentada por la Fiscalía, en la que se solicitan cuatro años y medio de prisión contra el político, aporta indicios razonables para iniciar un juicio penal.

En realidad no es cierto: no se ha producido aún la apertura de juicio oral, la Audiencia no ha respondido aún al recurso de Acosta, y de hecho no se sabe aún en que sala tocará el juicio. Así que la decisión sigue estando en manos de Torres: como secretario general del PSOE canario, puede solicitar que la situación de Acosta no sea considerada por su partido como un caso de corrupción lo que supondría la inaplicación del código ético socialista aprobado por Sánchez cuando se hizo por primera vez con la dirección del PSOE, suavizando las condiciones que exigían el cese y abandono del partido por cualquier persona que fuera sometida a juicio oral.

Ahora, incluso un miembro enjuiciado del PSOE (si no lo es por delitos de corrupción) podría mantener sus derechos hasta que se produzca sentencia firme. Este aspecto del código ético resulta bastante contradictorio: El artículo 5.2. asegura que cualquier cargo del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo cuando se le dé traslado del auto de apertura y solicitará la baja voluntaria.

En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido. Sin embargo, el artículo 5.4., establece que sólo los militantes a los que se abra juicio oral por delitos relacionado con la violencia de género o por acoso, abuso o violación, o aquellos ligados a la corrupción, serán suspendidos cautelarmente de militancia.

Esa contradicción en el texto es la que se ha aplicado en alguna ocasión para mantener en el partido a afiliados a los que se ha abierto juicio oral, si la dirección del partido entiende que no es por corrupción. ¿Y qué hará Torres? Probablemente ganar tiempo. Como hace siempre.

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