FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Contar de nuevo lo que somos | Francisco Pomares

Desconozco por qué Pedro Martín intervino ayer en el Senado, durante la reunión de la ponencia para el estudio de la insularidad que se realiza en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico en el Senado. Sé que planteó alguno de los problemas a los que se enfrentan Tenerife y el conjunto de Canarias, como resultado de los vaivenes económicos nacionales o internacionales, poniendo como ejemplo los dramáticos datos que la pandemia ha dejado en el Archipiélago, pero no sé si eso tiene algo que ver con la despoblación en las islas (un problema que afecta exclusivamente al Hierro, La Gomera y La Palma) o si lo que hizo Martín fue aprovechar la oportunidad brindada para hablar en el Senado y seguir explicando esta región a los políticos españoles.

Y es que, a pesar del tiempo transcurrido desde la aprobación de la Constitución y la puesta en marcha del Estado de las Autonomías, Canarias sigue siendo hoy –junto a las ciudades de Ceuta y Melilla– el territorio peor conocido por la política española. Eso quizá no sea tan importante en otros momentos, pero ahora, cuando la economía del archipiélago se ha hundido y arrecian los problemas, explicar a quienes gobiernan el país de qué vivimos, y como lo hacemos, es un asunto clave.

Por desgracia, cada vez que se produce un cambio de Gobierno, hay que empezar la tarea de explicarnos desde cero: Canarias lleva explicándose en los pasillos y despachos de los ministerios desde mucho antes de que el viejo sistema de administración centralista comenzara a ser sustituido por el sistema autonómico.

La política canaria de la Restauración consistió fundamentalmente en una pelea de personalidades y grupos, a ver quiénes conseguían colocar mejor la explicación de sus intereses en los despachos de la Corte. Fernando León y Castillo representó durante décadas las aspiraciones de Gran Canaria, que logró vender en Madrid, gracias a su capacidad para designar los candidatos canarios a las Cortes y al Senado.

Ese capacidad fue el resultado de una versión canaria del bipartidismo y los equilibrios canovistas, adaptada al pleito insular, con un reparto del territorio, que dejaba Las Palmas bajo control de los liberales y Tenerife de los conservadores de Pérez Zamora.

Muy grosso modo, podría decirse que la política canaria ha seguido siempre ese formato, en el que lo realmente importante es quién tiene la interlocución con Madrid, la capacidad de explicar las necesidades locales a la metrópoli, a veces atendiendo a la defensa de intereses insulares enfrentados, otras veces en base a la pertenencia a bloques ideológicos. Por desgracia, la situación que vivimos no permite actualmente mucho juego a ideologías y conflictos territoriales: lo que hay que explicar en Madrid es que Canarias es hoy la segunda región española que más riqueza ha perdido como resultado de la enfermedad y el cero turístico (la primera es Baleares), y es también el segundo territorio español (tras Baleares) más afectado por la destrucción del empleo.

Dónde gana siempre Canarias –parte de una situación mucho peor– es en desigualdad y pobreza, y ahora, como resultado de la cercanía al continente africano, con el problema añadido de la inmigración irregular desbocada. Se trata de un caldo de cultivo explosivo, que además coincide con una mayor severidad europea en el tratamiento de la inmigración, que ha colocado a las islas –a todas ellas– en el papel no sólo de territorio frontera, sino de territorio prisión, algo que esta región que depende básicamente de ayudas coyunturales y de la futura recuperación del turismo, no puede permitirse.

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