FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Canarias no tiene vocación de cárcel | Francisco Pomares

Estaba previsto que el presidente Torres asistiera ayer en Bruselas a la reunión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, y a algunos otros actos en la capital de Europa, pero Bruselas mantiene activas las restricciones sanitarias por el Covid, y el viaje no pudo realizarse.

Al final la intervención de Torres para hablar de la política migratoria tuvo que realizarse desde Las Palmas por medios telemáticos. Aun así, la reunión (calificada en el lenguaje burocrático del Parlamento como un ‘intercambio de impresiones’) sí tuvo cierto calado: participaron, además de Torres, la comisaria de Asuntos de Interior, Ylva Johannson, y la directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Estrella Galán. Quizá no tenga mucha influencia el alegato de Torres, pero se ha definido claramente una posición institucional sobre lo que se espera de Europa en política migratoria, que puede considerarse desde ahora la posición de Canarias, y que Torres tendrá que defender –muy especialmente– en el contexto de las instrucciones y políticas que está aplicando el Ministerio de Interior en las islas.

Torres tiene perfectamente claro el impacto de la crisis migratoria en las islas, y sabe que debe reclamar mayor atención de las instancias europeas a la situación en Canarias. Por eso, la base de su discurso de ayer fue el rechazo de la redacción provisional del nuevo Pacto de Asilo y Migraciones que prepara el Parlamento sobre la propuesta de la Comisión en septiembre del año pasado. Ni Canarias ni el Gobierno español han presentado todavía (ni siquiera sabemos si lo harán) una redacción alternativa, pero Torres puse ayer énfasis en su oposición a una propuesta que no explicita ni cuantifica el papel de los países no fronterizos en la gestión de la crisis. Torres no comparte la solución basada en el patrocinio voluntario de los acogimientos, que vendría a ser algo así como un apadrinamiento de emigrantes. Como muchos canarios, Torres cree que Europa ha diseñado un formato de solidaridad ‘a la carta’, que no obliga ni compromete a nada a los 27. El presidente defiende que el futuro Pacto recoja lo que calificó como “una solidaridad vinculante” –quizá habría sido menos correcto perro más contundente hablar de “una solidaridad obligatoria”, porque eso es lo que se pretende- con cuotas de acogida que deban cumplir todos los países de la Unión, y que eviten que Canarias o cualquier otro territorio fronterizo se convierta en una suerte de ‘tapón’ para contener la inmigración lejos del continente. La única alternativa reparte por toda Europa a los recién llegados es el modelo actual de macrocentros de acogida –un eufemismo para no decir ‘campos de internamiento’, parar retener a los inmigrantes en las regiones fronterizas, atrapándolos en una situación que provocará dolor y frustración y puede derivar en conflictos y riesgo para la convivencia.

Torres no evitó ayer hablar claro, pidió además recursos europeos para atender a los menores emigrantes que se han multiplicado por cinco en menos de un año, y recordó –citando palabras de Adán Martín en la crisis de los cayucos de 2006- que “las islas no pueden asumir solas un problema que es europeo, porque el destino final de la emigración es, en definitiva, el sueño europeo”. La cuestión ahora es que, en un contexto de rechazo europeo a las migraciones masivas, Bruselas entienda que Canarias no tiene vocación de convertirse en cárcel europea de la frontera sur. Y que eso lo entienda también Madrid. Porque si Madrid no respalda a Torres y a Canarias en este asunto (de momento no lo ha hecho), las palabras no van a servir de nada.

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