FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Pregustas que hay que contestar | Francisco Pomares

Ayer se permitió el acceso al campamento de Las Raíces de Sira Riego, eurodiputada de izquierda Unida. Es la segunda visita autorizada, tras la del presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en el Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, y la eurodiputada macroniana Fabienne Keller, acompañados por una pequeña comitiva de políticos socialistas locales: Pedro Martín, Luis Yeray Gutiérrez y Marian Franquet.

Tanto López Aguilar como Martín fueron críticos con el estado del campamento montado por la Delegación del Gobierno, cuyas infraestructuras y organización dijeron que “no son satisfactorias” ni pueden “ser permanentes”. Esa es la percepción que ofrece a los propios socialistas una instalación prevista para 2.400 inmigrantes, pero que ya hoy –con menos de 600 personas acogidas–, resulta completamente inadecuada para retener a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular en las islas.

El Ministerio de Interior, tras el estúpido sectarismo de permitir el acceso a los campos solo a miembros de partidos que apoyan al Gobierno, anunció ayer que autorizará también el acceso de los otros grupos políticos.

Es una decisión acertada, aunque absurdamente tardía: uno se pregunta quién se responsabiliza de las medidas estrafalarias e insensatas que definen la política de emigración del Gobierno en Canarias. Nadie ha contestado a las preguntas que se plantean los ciudadanos, se formulan desde los medios de comunicación, y se han materializado alguna vez en iniciativas parlamentarias de los partidos de la oposición.

Aún nadie ha explicado por qué los ministros Grande-Marlaska y Escrivá dijeron que iban a impedir derivaciones y permitieron la vergüenza de Arguineguín, dejando que se hacinaran allí miles de personas. Tampoco se ha explicado quién decidió que más de un centenar de inmigrantes fueran soltados para que se dispersaran por Mogán, provocando la respuesta del Ayuntamiento, que los trasladó a la plaza de la Feria de Las Palmas. Alguien debería explicar en base a qué cobertura legal prohibió Interior la movilidad entre islas y con la Península de inmigrantes provistos de su pasaporte y con derecho legal a abandonar Canarias. Tampoco sabemos –nunca se ha dado esa información, el oscurantismo y falta de transparencia de la Delegación del Gobierno es total– cuántos incidentes violentos o vandálicos han protagonizado los inmigrantes. No facilitar esos datos ha contribuido a la alarma entre los ciudadanos, exagerándose el número de agresiones, su gravedad, y el coste real de los destrozos producidos en hoteles y apartamentos. Tampoco sabemos cuántos de los 26.000 inmigrantes que llegaron a las islas han sido devueltos a sus países, o han sido derivados fuera de las islas. Mucho menos cuántos han podido continuar viaje hacia Europa, un dato que parece más secreto de Estado que lo que se gasta el Gobierno en policía para disuadir paseos de fachas desocupados en los bucólicos alrededores del casoplón de Pablo Iglesias.

Es increíble que sigamos especulando con los datos, que no haya una autoridad que certifique cual es la situación real. Saber si no se ofrece información porque no se dispone de datos comprobados, o porque no se quiere hacer pública la realidad del problema. Oficiosamente se asegura que en Canarias hay hoy menos de diez mil inmigrantes. ¿Es eso cierto? Y si lo es… ¿Qué ha pasado con el resto?

Los responsables de esta política idiota de ocultaciones, medias verdades y mentiras deberían dar la cara de una vez.

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