FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | La quiebra | Francisco Pomares

El sistema territorial creado por la Constitución de 1978 presuponía que el modelo autonómico diseñado por los constituyentes permitía incorporar al consenso democrático a los nacionalistas vascos y catalanes. Esa fue, en última instancia, la lógica que empujó la transferencia de poderes y competencias a las autonomías históricas y, por efecto de una mal calculada voluntad de uniformizar los derechos de los ciudadanos de todo el país –el café para todos del suarismo–, el inicio de un intenso proceso de descentralización que no sólo permitió que el País Vasco y Cataluña lograran, en un cuarto de siglo, extraordinarias cotas de autogobierno, sino que el conjunto de las regiones españolas siguieran el mismo modelo, despojando a la administración central –que no al Estado, las Autonomías son Estado– de su principal competencia, que es la de garantizar la igualdad de derechos, deberes y oportunidades que deben tener todos los ciudadanos de la nación.

Es cierto que, a pesar de algunas disfunciones manifestadas de forma cíclica (el plan Ibarretxe o la decisión del Gobierno de impugnar el Estatut ya votado por los catalanes son, probablemente, sus dos crisis más duras), el sistema funcionó con relativa eficiencia política hasta la gran crisis de 2017, el año en el que el procés desbocó en la convocatoria de un referéndum ilegal, se produjo la Declaración Unilateral de Independencia, la Autonomía fue suspendida aplicando el artículo 155 y se produjo la detención o huida de los principales dirigentes del secesionismo catalán. Esa puede considerarse la primera gran crisis del sistema constitucional español, mucho más grave en sus intenciones y consecuencias que el intento de golpe de estado de 1981 y, a diferencia de aquel, no se ha podido resolver, y es difícil que pueda llegar a ser resuelto con los instrumentos con que cuenta el Estado.

Los resultados de ayer, más allá de interpretaciones sobre el ascenso de un socialismo que aspira a recuperar su carácter central en la política catalana o sobre la radicalización del antinacionalismo, con el hundimiento de Ciudadanos y el espectacular avance de Vox, sólo demuestran que los partidarios de la independencia son hoy mayoría en Cataluña. Y cuentan con más apoyo porcentual que en las últimas elecciones. Resulta difícil creer la idea de que la abstención sólo haya cundido entre los votos constitucionales. El efecto Illa puede haber funcionado, pero el constitucionalismo ha retrocedido en Cataluña y no es extraño que así ocurra, cuando ni siquiera el Gobierno nacional lo defiende.

Pero las elecciones no han resuelto el problema de cómo gobernar Cataluña: todas las opciones de mayoría son inasumibles por los partidos que deben conformarlas, al menos si hemos de creer las líneas rojas que ellos mismos trazaron en campaña. Y, además, la formación del Gobierno catalán condiciona la continuidad del Gobierno de Sánchez. La independentista Pilar Rahola advertía de la inutilidad de estas elecciones y vaticinaba una próxima convocatoria para octubre. Quizá no ocurra así: la solución más viable atendiendo a los resultados –un Gobierno del PSC y ERC– podría tener cierto recorrido, pero convierte al PSOE, tanto en Cataluña como en Moncloa, en un partido incapaz de responder ante una nueva declaración de independencia.

La quiebra que se produjo en 2017 no se cierra. Más bien todo lo contrario.

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