FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Datos | Francisco Pomares

Ayer comenzó la huelga intermitente planteada por los trabajadores temporales e interinos del Gobierno regional. La huelga se mantendrá a partir de ahora durante los lunes y viernes hasta que se logre un acuerdo, según han dicho la Plataforma de empleados públicos en fraude de ley de Canarias y los sindicatos Sepca e Intersindical, mayoritarios entre los temporales. Plataforma y sindicatos piden que se haga fijo al personal interino sin necesidad de superar ninguna oposición.

Entienden que la situación actual supone un fraude de ley, dado que los empleados públicos afectados trabajan en la Administración en algunos casos desde hace ya dos décadas y es absolutamente injusto que se pretenda hacerles opositar para demostrar que son capaces de desempeñar su trabajo. Los sindicatos critican al PSOE por no querer negociar y acusan al Gobierno de Torres de carecer de voluntad para resolver la inestabilidad laboral de los trabajadores, cuando existen cauces legales para resolver el problema.

Por supuesto, el Gobierno no comparte esa tesis. Su criterio es que la Constitución establece que la incorporación a la función pública debe basarse en los principios de igualdad, capacidad y mérito, y que –por tanto– todo el que quiera conseguir fijeza en lo público, debe pasar una oposición. Lo cierto es que ni la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE ni las del Supremo que suelen citar los sindicatos, modifican la Constitución.

Por eso, lo más que ofrece el Gobierno es establecer mecanismos para primar en las oposiciones el tiempo de desempeño y experiencia de los temporales, pero negándose a que este pulso se convierta en la puerta falsa de acceso a la condición de fijo. Es un debate tan viejo como la propia Administración –siempre ha habido contratos provisionales- y que es básicamente imposible de resolver por consenso.

El pasado mes de diciembre, los médicos del Servicio Canario de Salud en situación de interinidad, algunos de ellos con contratos vergonzantes de apenas una semana, organizaron otra protesta porque el Gobierno regional pretendía sacar a concurso libre más del 60 por ciento de las plazas que ellos venían cubriendo. La huelga arrancó el 11 de diciembre, para convertirse casi inmediatamente –y menos mal– en un paro de un día al mes.

La cuestión es que en este asunto –como en la mayoría de las cuestiones importantes– no parece posible ningún acercamiento. Los sindicatos no se bajan de su pretensión de evitar las oposiciones, y el Gobierno no plantea soluciones cercanas: su mejor oferta parece ser repetir el formato planteado en Educación, donde se aprobó la Oferta de Empleo Público en diciembre, pero retrasando la nueva OPE a dentro de dos o tres años.

Mientras, sindicatos y Gobierno se tiran a la cara los datos de seguimiento de la huelga. Manuel González, uno de los portavoces del comité, ha asegurado que el 90 por ciento de los convocados la ha secundado, mientras el Gobierno dice que sólo la ha seguido el 3,6 por ciento, menos de 300 personas de las 8.000 que podían hacerlo.

El Gobierno encargó a una empresa privada contar a los que se sumaron a la protesta, no está claro porqué. Quizá les cuesta conseguir que nadie se fíe de sus datos, o quizá quien tenía que hacer las cuentas fue uno de los 289 que no acudió a trabajar.

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