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HUELGA | Los médicos y facultativos acusan al Gobierno de desinformar e ignorar la legislación

EBFNoticias | El pasado 4 de diciembre se difundió una información en algunos medios de comunicación, en la que se afirmaba que las reivindicaciones de la Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos de Canarias eran jurídicamente inviables. Para sostener tal afirmación, se hacían eco esas publicaciones de un informe emitido por los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias que concluía la imposibilidad de atender las peticiones de los médicos por no permitirlo ni la ley ni la jurisprudencia aplicable.

Sin embargo, señala dicha que la realidad «es otra bien distinta. Las reivindicaciones de los médicos, que llevan años soportando el abuso en la contratación temporal por parte de la Administración Pública Canaria, no sólo son legítimas, sino que están amparadas por el derecho aplicable».

Consideran que a difusión de la noticia sólo puede entenderse desde el intento por parte de la Consejería de Sanidad, y la Dirección del Servicio Canario de la Salud, «de desinformar a la sociedad canaria tratando de desprestigiar a este colectivo de profesionales que ha tenido que recurrir al último recurso de la huelga para la defensa de sus derechos e intereses».

Por todo ello, el colectivo recalca que la Administración Pública Canaria «lleva incumpliendo desde hace décadas la normativa española y la de la Unión Europea en materia de contratación temporal de personal, incurriendo en un evidente fraude de ley por usar contratos temporales para cubrir sus necesidades permanentes y estructurales, y eso por no haber convocado los procesos selectivos con la periodicidad que exige su propia normativa (en dieciocho años han ejecutado uno, cuando están obligados a hacerlo cada dos años)».

Indican que, a consecuencia de esto, han colocado en situación precaria a miles de profesionales que, según los casos, llevan lustros o décadas concatenando esos contratos precarios y temporales. De hecho, añaden que el 80 por ciento de los empleados facultativos temporales del SCS «se encuentra sometido a abuso de contratación temporal sucesiva.

Desde la Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos de Canarias explican que, por todo ello, el problema del fraude en la contratación no lo ha generado el colectivo que forma parte de la Mesa y que las ilegalidades han sido producidas, amparadas y reiteradas por la Administración Pública Canaria.

En el informe jurídico del Gobierno de Canarias -al que hace referencia la noticia- se prescinde de forma grotesca de las normas a tener en cuenta para abordar este problema, como también han obviado las sentencias aplicables a un asunto como el de los empleados públicos en abuso de la temporalidad. Así, señalan que el Gobierno Canario y su Servicio Jurídico ignoran intencionadamente o desconoce irresponsablemente que, de forma reiterada y continua, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al tratar el asunto de los empleados públicos que se encuentran en abuso de la temporalidad, concluyen -y de manera muy concreta y taxativa en la STJUE de 19 de marzo de 2020- que los procedimientos selectivos sólo podrán ser una solución que compense de forma efectiva y proporcionada a esos trabajadores, si la culminación de dichos procesos pudiera ser de resultado cierto para los que deben ser compensados por el abuso de la temporalidad.

Es decir, sentencia de forma clara y reiterada que la mera participación en unos procesos selectivos de los contratados en abuso de la temporalidad en igualdad frente a aspirantes externos o no abusados, no es una medida válida para sancionar y compensar debidamente la utilización abusiva de la temporalidad y los proscribe como solución compensatoria para las víctimas abusadas.

Añaden que el Gobierno Canario y su Servicio Jurídico «ignora intencionadamente o desconoce irresponsablemente que el Tribunal Constitucional, en varias sentencias, admite los procesos selectivos de carácter restringido, si bien sometidos a importantes condiciones que, en este caso, se cumplen». Esas condiciones establecidas por «nuestra jurisprudencia constitucional son las siguientes:

– Que dicho procedimiento selectivo sea un proceso único e irrepetible

– Que esté fundamentado en la de una situación transitoria y excepcional, así como que persiga una finalidad legítima

– Que se establezca por una norma con rango de ley.

Todos esos condicionantes se cumplen y se dan en este caso, y, por tanto, solo depende su resolución de que los Poderes Públicos Canarios adopten la decisión política de afrontar el problema por ellos generado del abuso de la temporalidad, y usen una norma con rango de ley para establecer un proceso selectivo único, irrepetible, excepcional y con el fin de consolidar al personal que ha sufrido durante mucho tiempo el abuso de la contratación temporal sucesiva, es decir, el uso en fraude de ley de la contratación temporal.

El Gobierno Canario y su Servicio Jurídico «ignora intencionadamente o desconoce irresponsablemente que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia para dar respuesta a esta cuestión dictando su ley», como de hecho, señalan, lo están empezando a hacer otras comunidades autónomas que sí parecen estar dispuestas a dar una respuesta a las demandas de los colectivos de la sanidad y resto de empleados públicos y cumplimiento adecuado a la STJUE de 19 de marzo de 2020.

La opción de la ley, además, está expresamente prevista en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y el Gobierno y Parlamento autonómicos pueden hacer esa Ley. Por si poco fuera, señalaremos la Sentencia del Tribunal Constitucional 27/2012, de 1 de marzo, que expresamente reconoció la constitucionalidad de que una norma con rango de ley autonómica abordase este tipo de procesos selectivos.

Pero, lo peor de todo, «es que con la difusión o filtración malintencionada de estos informes sesgados y erróneos, lo que se pretende desde ciertos ámbitos gubernamentales es poner a la opinión pública en contra del colectivo de médicos que ha tenido que recurrir -tras meses de denodados esfuerzos de negociación- al mecanismo de la huelga para defender sus legítimos derechos, intentando dar la imagen de que solicitamos soluciones imposibles o pedimos lo que no nos corresponde. La realidad es otra bien distinta. Esa realidad empieza por afirmar categóricamente que es la Administración Pública Canaria la que ha creado el problema y la que se empeña -tomando el atajo irresponsable de ignorar leyes y sentencias- en negar su negligencia sin asumir su desastrosa gestión del empleo público, y es el Gobierno de Canarias que preside Ángel Víctor Torres al que corresponde dar solución inmediata a esta situación en lugar de echar a la calle con procesos selectivos alegales a los médicos especialistas de los que pregona que carece».

 

 

 

 

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