FIRMAS Salvador García

OPINIÓN | Periodistas vetados en Educación | Salvador García Llanos

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha solicitado a la ministra de Educación y Formación Profesional que se levante el veto que impide a los periodistas impartir las enseñanzas de Lengua en centros concertados o privados, pese a que hayan obtenido el máster habilitante en las especialidades de Lengua Castellana y Literatura o Lenguas Extranjeras, así como formar parte de las conocidas como bolsas de empleo para interinos.

El presidente de la FAPE, Nemesio Rodríguez, ha dirigido una comunicación a la ministra en la que no solo expresa la reclamación sino que solicita una entrevista para trasladarle de forma detallada la situación de estos profesores que la organización considera que han sido arbitrariamente impedidos de impartir clases de Lengua en los citados centros escolares.

La FAPE, que actúa como portavoz de la Plataforma de Periodistas Profesores, impulsa esta nueva solicitud después de que María Isabel Celaá haya declarado la semana pasada que Educación va a flexibilizar, “de manera excepcional y limitada”, los requisitos para el ejercicio de la docencia mientras dure la crisis sanitaria por el coronavirus, de tal manera que no hará falta tener hecho el Máster de Formación del Profesorado que se precisa para dar clase.

La iniciativa no es nueva, bien es verdad que partiendo de una base que pretendía ser el fundamento de introducir una asignatura de periodismo en los cursos de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). Y es que la sobreabundancia de noticias e informaciones falsas ya desborda la propia capacidad de discernimiento de muchos consumidores de información. O se distingue entre una noticia falsa y otra real, o el caos terminará reinando en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y se llevará por delante, como ya hemos escrito, la de por sí mermada credibilidad mediática. En su momento dijimos que nadie mejor que los periodistas profesionales para impartir las enseñanzas correspondientes. La organización profesional aprovecha –y de ello hablaremos más adelante- para reiterar este planteamiento, claramente estancado.

Para acometer el nuevo objetivo, la FAPE parte de la premisa, que lamenta, que la actual inhabilitación se deba a una incongruencia jurídica, esto es, la aplicación tardía de una norma, el Real Decreto 860/2010. Rodríguez señala que impide ejercer como profesores de las asignaturas citadas en el primer párrafo a profesionales de carreras que no estén adscritas a Humanidades (Periodismo pertenece a Ciencias Sociales).

Eso explica que tras la entrada en vigor del citado decreto, los centros concertados y privados de las diferentes comunidades autónomas han seguido contratando periodistas como profesores de Lengua y Literatura y Lenguas Extranjeras hasta el curso 2015-2016. Desde ese momento, todos aquellos que han cambiado de centro han recibido la negativa de la inspección educativa para poder seguir ejerciendo. Por su parte, los periodistas de nueva contratación tampoco han podido acceder a la docencia de Lenguas. La incongruencia viene dada porque muchos profesionales del periodismo han sido contratados en fecha posterior a julio de 2010 y que la docencia ha sido, desde 1995, una de las salidas profesionales para estos titulados. La FAPE también se ha dirigido a los grupos parlamentarios del Congreso con el fin de que contemplaran este caso ante la próxima discusión e incorporación de enmiendas parciales, para su debate, al articulado del Proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE).

Finalmente, la FAPE no se resigna y aprovecha la comunicación de su presidente a la ministra para seguir reivindicando que Educación implante en la ESO una asignatura de Periodismo/Comunicación, tal como apuntamos. Con esta asignatura, subraya Nemesio Rodríguez, los alumnos aprenderían a distinguir entre las noticias falsas y las verdaderas, a comunicase mejor, a valorar la importancia del derecho constitucional a la libertad de expresión, que ampara los derechos a la libertad de prensa y de información, y a conocer a fondo un sector que acaba de ser reconocido como esencial por el Gobierno del que Celaá forma parte.

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