Este próximo lunes, Nueva Canarias ha planteado una comparecencia de lucimiento para Noemí Santana en la comisión de Derechos Sociales del Parlamento. Se trata de que la consejera se ponga una medalla, a cuenta del avance en la tramitación de la Dependencia durante el confinamiento. Santana quiere presumir de haber conseguido desatascar parte de las ‘dependencias’ aprobadas que no se pagaban, y que ahora sí se pagan. Es verdad que se ha mejorado, porque durante el encierro se puso a los valoradores a tramitar ayudas.
Eso permite que ahora se abone la dependencia a más personas. Pero también ha ocurrido que al dejar de hacerse inspecciones, nadie se ocupa de los casos creados por la pandemia.
Presumir de la dependencia permite obviar el lío gigantesco de las ayudas. Entre ellas la Prestación Canaria de Inserción, el último recurso para lograr una ayuda pública para las familias más pobres y necesitadas. Cuando ya se ha agotado todo, el paro, la ayuda familiar€ –todo–, sólo entonces puede pedirse la PCI por un plazo máximo de dos años, ahora prorrogable si tienes familia a tu cargo.
Además, había un problema con la compatibilidad de las ayudas. Un sistema mal planteado de compatibilidad de ayudas diferentes, y mucho follón para darles encaje. Durante el Estado de Alarma se aprobó el Ingreso Canario de Emergencia, en el primer decreto de medidas urgentes de carácter social, que ahora se tramita como ley en el Parlamento.
En ese primer decreto, quizá con las prisas, liaron todo: se consideraba que el ICE era incompatible con la PCI, y dos líneas más abajo que sí era compatible. El Consejo Consultivo intervino pidiendo a la Consejería que se aclarara, y el Gobierno elaboró una orden que permitía la compatibilidad en muchísimos casos.
El Gobierno había prometido que las ayudas llegarían a 38.000 personas. Con 16.000 solicitudes aprobadas, sólo se alcanzó a 28.000 personas. Y sobró dinero, porque para dar la PCI sólo se puede contar la situación previa a la pandemia, y mucha gente ahora desesperada no cumplía entonces con los requisitos mínimos.
Pero antes de empezar esta crisis, en Canarias había ya 250.000 personas en riesgo de exclusión social, y 37.500 en pobreza severa. Más o menos la gente a la que el Gobierno querría atender con el ICE. Con la crisis ahora son muchísimos más.
Tras el fiasco del primer decreto, la consejera Santana dijo que el ICE era una ayuda puente para cubrir el retraso en la llegada del Ingreso Mínimo Vital aprobado por Sánchez e Iglesias.
Anunció que lo que había sobrado se repartiría en un segundo reparto, pero se fue de vacaciones sin hacer el decreto que debía regularlo, quizá porque el Gobierno regional quería ahorrarse la pasta, y esperaba que el IMV entrara antes en funcionamiento. Pero no ha ocurrido eso, y lo que ha hecho el Gobierno es anunciar el decreto para el segundo pago, y aumentar la compatibilidad de las ayudas, para que nadie que reciba un euro tenga que devolverlo.
Quizá habría sido más justo y más coherente concentrarse en una única ayuda, y no barajar cuatro. Pero a este Gobierno le gustan los titulares, como a todos: el jueves, Santana anunció otra nueva: que aprobará en octubre la nueva Renta Ciudadana Canaria, que será compatible con el Ingreso Mínimo Vital, que es compatible con el Ingreso Canario de Emergencia, que a su vez lo es también con la Prestación Canaria de Inserción y con la Pensión Alimenticia.
Quizá habría sido más que las administraciones definieran y gestionaran una única ayuda digna, para las miles de familias que la necesitan. Claro que con una sola ayuda, no podría presumir cada uno de la suya, y repartirse entre todos cinco medallas.
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