En la Mesa Tripartita que negocia los criterios y modalidades de aplicación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), el ministerio de Trabajo mantiene una posición firme: que continúen, como factor principal, aquellas empresas que están vinculadas al turismo, lo cual no significa que sean todos los sectores relacionados con el turismo.
Como se preveía, la prórroga de los ERTE iba a suscitar una controversia que, probablemente, añadiría picante al pote de la incertidumbre social y empresarial. La prórroga está en vigor hasta el 30 del presente mes de septiembre. En las reuniones con agentes sociales, el ejecutivo ha puesto como condición que solo se mantuviera o aplicase en sectores relacionados con el turismo.
Es ahí donde han surgido dificultades. Tanto las organizaciones empresariales como las centrales sindicales se han negado a que la prórroga de los ERTE sea sectorializada. Los sindicatos han advertido que se corre el riesgo de excluir de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) a empresas que se están viendo muy afectadas al estar ligadas al turismo.
En efecto, durante la negociación ya han surgido dudas sobre este particular. Por ejemplo, se está planteando que se puedan quedar fuera de los ERTE empresas del transporte de autobuses o aerolíneas cuyas rutas no sean turísticas. De los ochocientos mil trabajadores que están ahora mismo en expedientes de regulación temporal, con la futura prórroga podrían quedar apenas unos ciento veinte mil.
No va a ser fácil alcanzar un consenso sobre este particular. Las partes (ministerio, patronales y sindicatos) solo parecen estar de acuerdo con la fecha: prorrogar hasta el 31 de enero de 2021. Y luego discrepan en cuanto a la intención del ministerio de Trabajo de mantener el actual esquema de exoneraciones de cotizaciones empresariales, que bonifica en mayor medida las cuotas por aquellos trabajadores que salen de ERTE en lugar de concentrarlas en aquellos que no se reincorporan.
Según el periódico Cinco Días, otras dos cuestiones sobre las que no hay acuerdo cerrado tienen que ver, de un lado, con el mantenimiento o eliminación de la cláusula de garantía que obliga a las empresas a mantener el empleo durante seis meses desde el final del ERTE o desde la fecha de la primera incorporación de uno de sus trabajadores. De otro lado, afecta a la eliminación de la cláusula que impide despedir de forma objetiva a los trabajadores alegando la pandemia. La patronal viene exigiendo ambas cuestiones.
En definitiva, el panorama no se presenta despejado ni mucho menos. A ver si la negociación –ya con al 30 de septiembre encima- fluye con criterios de generosidad. Todas las partes, en un marco y en un horizonte cargados de incertidumbres, tienen que ceder. Se trata de alcanzar el mejor acuerdo posible.
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