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OPINIÓN | Homogeneizar el sector público empresarial | Salvador García Llanos

Parlamento regional

Parece que todos están de acuerdo: hay que mejorar la gestión del sector público empresarial de la Comunidad Autónoma. Se aspira a ganar eficacia y a ser más competitivo: en tiempos como los que concurren, las empresas públicas no pueden ni deben resignarse a un papel pasivo. Concebidas para dinamizar la productividad, han de cumplir también una función social. En todo caso, se trata de superar el cliché que, en muchos casos, injustamente, le ha sido adjudicado: chiringuitos, refugio de fracasados procedentes de otros ámbitos u opción para intentar salir de un trance que no siempre se identifica con la defensa o el estímulo de intereses generales.

El Gobierno de Canarias entiende que hay que incrementar la eficacia del sector público. Se puede. Y se lanza hacia ese objetivo planteando con claridad la homogeneización de la gestión y la gobernanza de las empresas públicas. El vicepresidente del ejecutivo y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha valorado que dichas empresas deben tender al equilibrio financiero, “con una gestión eficaz y eficiente”. Y eso que reconoce la buena situación económico-financiera del sector –acaso porque la propia Comunidad Autónoma afronta sus eventuales pérdidas-, hecho que no impide el objetivo principal aludido: alcanzar el equilibrio financiero.

¿Cómo lograrlo? El Gobierno quiere trazar una estrategia que bascule sobre cuatro ejes: buen gobierno y transparencia en la gestión; medidas en materia de gestión económica-financiera; tutela efectiva y regulación de los denominados encargos a medios propios. Las actuaciones para desarrollarla, según informan desde la propia consejería de Hacienda, deberán concretarse en la homogeneidad de comportamiento de las sociedades en términos de gestión, a través de un sistema de control y coordinación del seguimiento marco del buen gobierno corporativo en el que se controle, entre otras medidas, la implicación de la Consejería que ejerce la tutela efectiva, el compromiso de los representantes del Gobierno en el devenir de la sociedad, la celebración periódica de los Consejos de Administración o la tramitación de los acuerdos societarios que tengan implicación jurídica frente a terceros.

No olvidemos que los resultados de las sociedades o empresas públicas afectan a los de la Administración General en cuanto inciden en el objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, independientemente del objetivo de cumplir con el período medio de pago.

Así las cosas, y con todo ese trabajo por delante, es consecuente pensar en la potenciación de la profesionalización del máximo órgano de gestión y equipo directivo en materias generales aplicables al Servicio Público de Empleo (SPE). Que se piense en un manual de instrucciones para los representantes en los consejos de administración, no es descabellado. Porque, según las mismas fuentes, las tareas referidas, por ejemplo, a los encargos y encomiendas a estas sociedades por parte de las propias administraciones públicas, requerirán de criterios rigurosos cuyo seguimiento estará a cargo de profesionales cualificados.

El caso es que el Gobierno se toma en serio el sector público empresarial, consciente de que en una situación de crisis como la que se padece y ante coyunturas futuras muy adversas como se auguran, es importante contar con dicho sector para contribuir a afrontarlas con seriedad y voluntad de utilidad pública. Homogeneizar la gestión e incrementar la eficacia: esta a es la doble aspiración.

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