FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Culebrón judicial podemita | Francisco Pomares

Pablo Iglesias

Con todo lo que este hombre ha leído y escrito y resulta que Pablo Iglesias nunca aprendió que lo último que uno puede hacer es pelearse con su abogado. El vicepresidente del Gobierno de Sánchez se ha metido en un lío morrocotudo a cuenta de un conflicto con el antiguo letrado de Podemos, José Manuel Calvente, el hombre que manejaba todos los secretos de Podemos, incluyendo la agenda del caso Dina y las libretas amarillas de la caja b del partido.

A finales del año pasado, se produjo un grave conflicto interno en el departamento jurídico de Podemos, entre Calvente la abogada Marta Flor Núñez, conocida por su participación como abogada tanto de Pablo Iglesias como de Dina Bousselham, supuestas víctimas del caso Villarejo, hasta que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón decidió retirar a Iglesias la condición de víctima y a Marta Flor Núñez la de abogada de Bousselham, al considerar que el primero pudo tener cierta responsabilidad en el desarrollo del caso, y a le segunda por entender que la abogada intentaba evitar el completo esclarecimiento de la destrucción de la tarjeta telefónica con información íntima de Dina, que Iglesias se guardó en secreto durante meses. Antes de que se produjera la decisión de García-Castellón, Calvente había intentado apartar a la abogada del caso, tras saber que recibía información del fiscal Stampa, con el que Marta Flor mantenía una relación sentimental. Las filtraciones de Stampa a la abogada habían trascendido por la difusión de un chat del grupo de guasap de los abogados de Podemos y ponían en peligro la posición de los defendidos por Podemos en causa, pero el asunto, al parecer por decisión del propio Iglesias, provocó el despido del abogado Calvente, al que se acusó de acoso laboral y sexual contra Marta Flor ante la magistrada Rosa María Freire, que archivó la querella contra Calvente a finales del mes pasado por considerarla un «reflejo de discrepancias personales y profesionales» en Podemos, y quizá de una lucha interna de poder en el seno del partido.

Eso fue una pésima noticia para Iglesias, que se enfrenta a dos causas judiciales: el caso Dina, donde las cosas pintan feas, y la denuncia por financiación ilegal de Podemos presentada por Calvente, con cobros bastante salados -uno de hasta 55.000 euros y sobresueldos de mil euros-, que ha provocado que el juez Juan José Escalonilla impute a Podemos -como persona jurídica, igual que ocurrió con el PP en el caso Gurtell- y a varios dirigentes podemitas, entre ellos uno de los hombres más cercanos a Iglesias, Juanma del Olmo, responsable de comunicación y de campañas electorales. El juez ha pedido información a varias empresas que han trabajado para el partido y que ya han sido sospechosas de cometer irregularidades en otras ocasiones, al arquitecto que realizó la reforma de la sede de Podemos en Madrid y al Registro Mercantil sobre las empresas del fundador Juan Carlos Monedero.

Puede que la «causa general» que Podemos denuncia llegue a serlo si no consigue paralizar la instrucción en la Audiencia Provincial, como intenta. Mientras, Vox se ha personado en la causa penal y la oposición al Gobierno -PP y Cs- está pidiendo la dimisión de Iglesias, recordando su compromiso de cesar a cualquiera que se viera incurso en una causa penal. Sánchez, como suele, ha mirado para otro lado, asegurando que él respeta lo que hagan los jueces. O sea: que cada palo aguante su vela. Los de la organización morada están a punto de pasarlas ídem.

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