FIRMAS Joaquín 'Quino' Hernández

OPINIÓN | El bar de Pepe | EQUIFAX, la ley del embudo | Joaquín Hernández

Mi amigo salía del BBVA como alma en pena, cagándose en todo lo que se movía y totalmente aterrado. Le tuve que parar para saludarle e invitarle a tomar un café al objeto de calmar su estado de ánimo.

Mi amigo Juan, siempre había presumido de ser un buen pagador, se jactaba de cumplir con todas sus obligaciones de pago y las de su empresa: es lo que, normalmente, se llama un hombre con “crédito”. El cabreo monumental de Juan se motivó cuando al solicitar la ampliación de una póliza de crédito, al teclear en el ordenador su documento nacional de identidad, le negaban, no sólo la ampliación del citado crédito sino cualquier otro que pudiera solicitar. Juan no se podía imaginar que había entrado en el listado de morosos de la empresa ANEF/EQUIFAX.

Lo sorprendente de todo es que el “moroso” no tenía pajolera idea de que deuda se trataba, o sea que según sus datos no debía nada a nadie y estaba al día en sus obligaciones de todo tipo, hacienda Pública y autonómica, Seguridad social, proveedores, etc.

Solicitó informes creyendo se trataba de un error, y la respuesta fue tan cretina que, dando un puñetazo en la mesa del director de la sucursal del BBVA, llamándolos totufos y pollabobas les insto a cancelar su cuenta corriente y pasarla a otra entidad bancaria.

Aclarándole, el director, que siempre que estuviera en esos listados de “morosos” su crédito sería un cero patatero, le recomendaba cancelar la deuda y se dispuso a pasarle la información sobre su “pufo”. Por lo visto mi amigo tenía una deuda de 436,78 € con una empresa que se decía en llamar TELECOMUNICACIONES y reclamaba una tal Corporación Legal (¡¡manda huevos!!), revisó todas sus facturas con la empresa de telefonía móvil, hizo llamadas a su operador telefónico y a ninguno les debía absolutamente nada, o sea que en “telecomunicaciones” estaba al día.

Por otra parte, no había recibido ningún documento reclamando la citada deuda por lo cual parecía una temeridad afrontar el pago de una deuda inexistente. Me ofrecí ayudarle y acudimos al despacho de un amigote abogado.

El tema es el siguiente: AFNE/EQUIFAX es un fichero de solvencia patrimonial y crédito, funciona con los datos que envían empresas de todo tipo de los deudores o morosos de clientes. Por lo visto en AFNE/EQUIFAX se pasan por el forro de los … la presunción de inocencia del afectado, es decir, sin datos objetivos para demostrar si la deuda es cierta o no lo es, esta “gente” se apaña para, por el cobro de una cuota, destrozarte el crédito que has conseguido durante toda la vida.

Antiguamente existía el RAI, o sea una relación aceptaciones impagadas, en este listado se incluía todas las letras protestadas y daba fe el Notario de que existía ese impagado, esa letra, cheque o pagaré sin fondos. Era suficiente la firma del acta notarial para dar crédito a la deuda. Pero hoy en día no hace falta nada, nada más que pagarle a AFNE/EQUIFAX la correspondiente cuota y te meten en un follón de puta madre y muy señor mío. Eso se llama de todo menos legalidad.

La presunción de inocencia se recoge en nuestra constitución, pero en este puñetero país llamado España es todo lo contrario; parece que lo que existe es la presunción de culpabilidad.  De forma tal que no es el que denuncia el obligado a demostrar el motivo de esta, o sea la provisión del objeto de la reclamación sino el reclamado su desacuerdo y total inocencia. Mantener lo anteriormente citado nos lleva a consecuencias jurídicamente inaceptables; que es el cliente quien habría de probar que no hizo ninguna operación con la empresa demandante y no la entidad la demostración de que existe vinculación entre ambas partes, bastando tan sólo su afirmación, contrariando con ello, no sólo al art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino también el art. 10, en relación con la Disposición Adicional Primera número 19 de la Ley de 26/1984 de 19 de julio para la defensa de los Consumidores y Usuarios.

Al mismo tiempo La Agencia Española de Protección de Datos recoge el derecho de oposición al tratamiento de datos. Este derecho supone oponerse, previa petición y sin gastos, al tratamiento de los datos que les conciernan, en cuyo caso serán dados de baja del tratamiento, cancelándose las informaciones que sobre ellos figuren en aquél, a su simple solicitud.

Mi amigo Juan, emprende la batalla legal por sus derechos, está dispuesto a recurrir a las mayores instancias judiciales para reponer su honor crediticio, solicitando los daños y perjuicios que hubiera lugar y por supuesto ciscándose en todos estos oportunistas advenedizos que son capaces de todo por vivir a costa de cualquiera.

Al final, si es que llega, le costará un huevo y la mitad del otro, entre la minuta del abogado y la del procurador tendrá que abonar no menos que 1.800 euros del ala y siempre y cuando el juez o jueza le de la razón y condene en costas a la causante del mal, porque si no es así y pierde además del marrón del juicio va a tener que pagar los  436,78 euros más los intereses de demora y las costas judiciales, un polvo de unos 5.000 a 6.000 euros mínimo, país éste… ¡!

 

 

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