Patricia Hernández ha perdido la alcaldía de Santa Cruz, pero ha logrado colocarnos un relato. Es una historia de buenos y malos. Patricia es la buena, claro: en solo un año de brillante ejecutoria política, la primera alcaldesa de la historia de Santa Cruz de Tenerife logró cambiar la relación de fuerzas en la ciudad, levantando las alfombras bajo las que se escondían cuarenta años de ilegalidad y mortadela.
Una corrupción tapada por el manto de la omertá y el silencio, gracias al esfuerzo constante de las fuerzas más reaccionarias de la ciudad, incluyendo los principales medios de comunicación, sistemáticamente vendidos al poder gracias a la munificencia coalicionera.
La victoria de Hernández en las elecciones, y el desinteresado apoyo a su elección como alcaldesa por la izquierda y dos concejales que rompieron con el partido ultraderechista Ciudadanos, y que decidieron cumplir con su compromiso electoral de acabar con los herederos municipales de UCD y ATI, permitieron articular una estable mayoría de progreso.
Fue el inicio de un año dorado que transformó la ciudad, resolviendo la mayoría de sus problemas ancestrales, abriendo una veintena de parques infantiles, mejorando los servicios públicos, atendiendo a los vecinos necesitados y enfrentándose contra viento y calima para evitar que al pueblo se le robara su Carnaval.
La entrega y talento de la alcaldesa logró en nueve meses superar el desastre moral, social y económico al que se enfrentaba la ciudad, y desvelar los turbios negocios en los que se habían emporcado durante años sus dirigentes. Patricia logró recuperar el dinero robado en Las Teresitas y descubrir la conspiración mediática financiada desde años atrás con recursos públicos.
Pero los enemigos reaccionaron: no podían tolerar el saneamiento del urbanismo local, apartado por fin de las manos de los especuladores, o que prosperara la cadena de denuncias ante la fiscalía sobre las trapisondas de los viejos munícipes. Aprovechando el sagrado recogimiento de la alcaldesa ante la grave pandemia que asoló la ciudad, las fuerzas conservadoras y los empresarios favorecidos por ellas, en alianza con el periodismo corrupto al servicio del poder de siempre, urdieron su plan: incluía la compra del concejal de urbanismo Lazcano, que dimitió y dejó su área en manos de la multitarea Zambudio, que en apenas dos meses inició la regeneración de un urbanismo al servicio de los poderosos.
Sin embargo, Lazcano fue sustituido por la tránsfuga Evelyn Alonso. La siguiente en la lista de Ciudadanos fue inmediatamente sobornada para romper los compromisos adquiridos por la concejal Zambudio, lo que provocó su fulminante expulsión de su partido (ya de centro moderado) y la convocatoria de un pleno de urgencia en la que se la declaró no adscrita, menos de una semana antes de votarse la bastarda, perversa e ilegítima moción de censura contra la joven alcaldesa que había nacido para cambiar la historia de la ciudad, descubriendo los tejemanejes y apaños del pasado y acabando para siempre con quienes habían logrado ser los dueños exclusivos del poder.
Y hasta aquí el relato.
Los hechos son más pedestres: tras un año de gobierno de Patricia, apoyada por Unidas Podemos y los expulsados de Ciudadanos, la fuerza política más votada en las elecciones de 2019 recuperó ayer la alcaldía chicharrera, tras presentar una moción de censura apoyada por el PP y por la concejal -también expulsada de Ciudadanos- Evelyn Alonso.
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