FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Cazadores (presuntamente) cazados | Francisco Pomares

El mal llamado caso Dina no para de entretener al personal. Ya no se trata sólo de las contradicciones de Dina Bousselham o las vicisitudes de su tarjeta de móvil en poder de Pablo Iglesias. La Fiscalía de Madrid ha abierto una investigación al fiscal Ignacio Stampa, conocido en Lanzarote y Canarias por su participación en el caso Unión, y ocupado ahora en el caso Villarejo. La investigación se produce por posible revelación de secretos a la exabogada de Podemos, Marta Flor. Stampa estaba siendo ya investigado por decisión de la Fiscalía General del Estado, tras las informaciones publicados por varios medios nacionales sobre la connivencia de los fiscales del caso Tándem con Podemos. El fiscal Stampa, de 47 años de edad, habría facilitado información relevante de la causa a la que fuera abogada de Pablo Iglesias, Marta Flor, cuya relación íntima con Stampa se investiga también desde el mes de febrero. Aquí no paran de investigar.

En febrero, y ante una denuncia de otro abogado, la inspección fiscal abrió un expediente para determinar la imparcialidad de Stampa, puesta en duda al conocerse la existencia de la relación íntima entre el fiscal y la abogada, que simultaneaba la representación de Iglesias y la de su asistente en el Parlamento Europeo, Dina, implicados ambos –como denunciantes y perjudicados por el robo del móvil- en el caso Villarejo. En la actualidad, la abogada Marta Flor, contratada por Podemos, ya no es abogada de Iglesias, sino sólo de Dina, para evitar un posible conflicto de intereses.

La publicación de varios mensajes del chat de los abogados de Podemos descubrió la existencia de una filtración de la Fiscalía a Podemos, que ejercía como acusación popular en el caso. En el chat, Flor Núñez contaba a sus compañeros sus conversaciones con Ironman. Con ese nombre tan marveliano, la abogada de Iglesias se refería a Stampa, con el que el equipo legal de Podemos se reunió antes de que el juez acordara investigar el robo de un móvil, robo denunciado por Dina a finales de 2015. Stampa recomendó a los abogados del partido morado no presentar el caso como un asunto político. Justo lo contrario de lo que hizo Pablo Iglesias, hasta que se dio cuenta de que el tiro le había salido por la culata.

Parte de los comprometedores mensajes del móvil de Dina –una rijosa idiotez sobre azotar el trasero de la periodista Mariló Montero– fueron publicados en el diario digital de Eduardo Inda, y unos meses más tarde se descubrió un volcado del móvil en casa del policía Villarejo, por lo que el juez abrió diligencias considerando víctimas a Dina e Iglesias, que desde entonces explicó el robo como resultado de una trama contra él montada por las cloacas policiales.

Sin embargo, la investigación ha demostrado que Iglesias tenía copia de la tarjeta –con fotos comprometedoras de su asesora– antes que Villarejo, y que sólo le entregó la tarjeta a ésta cuando ya estaba destruida en un microondas, y varios meses después de haberla recibido del editor Antonio Asensio. La investigación cambió entonces de enfoque: el juez busca ahora pruebas de que Iglesias ha cometido los delitos de daños informáticos y revelación de secretos, en una causa con ingredientes de chismografía sexual que parece entusiasmar a la nación, y que ha provocado estos últimos días no sólo la investigación sobre la connivencia del cazado cazador Stampa con Podemos, sino una escalada de declaraciones de Pablo Iglesias contra periodistas y medios. Todo un culebrón, en el que Iglesias comenzó como mártir perseguido por las cloacas, y ahora –también cazador cazado– juega al despiste con «la utilidad de la monarquía». Este hombre es capaz de que Sánchez declare la Tercera República por evitarse una bronca con la ministra de Igualdad.

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