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SANTA CRUZ | Una auditoría concluye que el 95% de los gastos suscritos por la Sociedad de Desarrollo infringe la Ley de Contratos

La auditoria fue encargada a la empresa tinerfeña Gextiona

EBFNoticias | Esta mañana, en una rueda de prensa extraordinaria y ante los medios de comunicación, la primera teniente de alcaldesa, consejera delegada de Sociedad de Desarrollo y concejala de Promoción Económica, Matilde Zambudio, acompañada del portavoz municipal del Partido Socialista y la concejala delegada de Empleo, Ana Delia Darias, informaba sobre la auditoría de procedimientos de contratación a la que ha sido sometida la gestión de Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y en los que se han analizado los últimos tres años. Esta auditoría desvela que el 95% de los de los procedimientos de contratación suscritos en este periodo infringen la Ley de Contratos del Sector Público.

La investigación ha sido realizada por la empresa externa, Gextiona, experta en el análisis de procedimientos de contratación, y firmada por el Auditor-Censor Jurado de Cuentas, Antonio Martos, un acreditado profesional en su campo.

Hace menos de un año, la primera teniente de alcaldesa y Consejera Delegada de la Sociedad de Desarrollo, Matilde Zambudio, anunciaba que se realizaría esta auditoría para conocer cómo se llevaban a cabo las contrataciones de la Sociedad de Desarrollo y qué se podía mejorar para hacer más eficaz la gestión.

El objeto de la presente auditoría tenía como finalidad, la verificación de la tramitación de los contratos, la comprobación de la aprobación del gasto, el control de los contratos menores de obras y la justificación de que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación.

En este sentido, la auditoría certifica que el 95% del gasto suscrito durante el mandato pasado  contaba con ninguno o un único presupuesto. Con ello, se demuestra que las contrataciones fueron realizadas con discrecionalidad, saltándose de manera flagrante la Ley de Contratos del Sector Público.

Matilde Zambudio explica que «con los resultados expuestos, se deja en evidencia, que la Sociedad de Desarrollo actuaba de manera sistemática y generalizada, como un chiringuito político donde prevalecía el dedazo frente a las directrices marcadas por la ley.»

Las pruebas realizadas en la auditoría se circunscriben al sistema de gestión realizada y el proceso de revisión de la contratación menor que se aprueba. Se ha procedido a verificar posibles fraccionamientos de contratos, analizando que las diversas partes de la prestación que se contratan por separado no son susceptibles de aprovechamiento o utilización por separado por constituir una unidad funcional u operativa entre ellas, análisis de que las contrataciones por lotes esté debidamente justificadas, la verificación de que no se esté desvirtuando el principio de concurrencia y la comprobación de existencia de figuras contractuales diferentes en un mismo contratista.

La auditoría base para un cambio de gestión basado en licitaciones y convenios marco

Esta auditoría, según Matilde Zambudio «da las claves para realizar un plan de acción con una planificación previa para que la Sociedad de Desarrollo dé un giro de 180º en la gestión, primando las licitaciones y los convenios marcos y de esta manera obtener precios homologados mejorando los sistemas de contratación».

Matilde Zambudio destacaba que «siempre los trabajadores de la Sociedad de Desarrollo han realizado un gran trabajo, pero la auditoría sí pone de relieve y viene a constatar un problema de gestión política».

Por su parte, la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, en declaraciones a los medios de comunicación manifestaba que «no es ningún secreto que nosotros estábamos trabajando para poner en hora procedimientos que considerábamos turbios, y no lo decimos nosotros, lo dice un auditor.» A esto Hernández añadió que «esta auditoría estaba encargada hace meses».

De la muestra realizada por el auditor Antonio Martos durante el ejercicio 2017, se incoaron 38 expedientes sin presupuestos, 87 expedientes con solo un presupuesto, 15 con dos y 5 con tres. Respecto al ejercicio 2018, se suscribieron 2 expedientes de contratación sin presupuesto, 48 con solo un presupuesto, 3 con dos y 0 contratos con tres.

El panel de indicadores de la muestra analizada concluye que el 100% de las actuaciones administrativas previas contaban con informes de necesidad inexistentes, insuficientes o no razonables con motivaciones inadecuadas.

Al tiempo la auditoría también añade que con estos graves incumplimientos los contratos menores incrementaban sus costes por falta de concurrencia y el fraccionamiento del contrato.

Concluye la auditoría realizada por Antonio Martos que no ha podido constatarse al hilo de estos incumplimientos que se mantenga desde la Sociedad de Desarrollo un diálogo continuo con los órganos específicos de control.

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