Gestión. Ya en 2013 el gobierno municipal de CC en el ayuntamiento de Santa Cruz propuso una auditoría de gestión en Emmasa, la empresa mixta que gestiona el suministro de agua, alcantarillado y depuración. Una ‘auditoría de gestión’ difiere de una ‘auditoría de cuentas’ a la que cualquier empresa de determinado tamaño está obligada por ley. En la de cuentas se verifica que la contabilidad registrada en los libros corresponde a la actividad real de la empresa y que tal registro cumple con las normas contables, no entra a evaluar cómo se desarrolla el negocio sino solo verifica que su reflejo está contabilizado correctamente. La auditoría de gestión, sin embargo, pretende analizar cómo trabaja la empresa y si cumple realmente sus compromisos con clientes y proveedores, y el resto de normativa vigente.
Reglas. En el caso de Emmasa, cuya actividad se rige por un contrato adjudicado a Sacyr y sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público, la auditoría de gestión debió comprobar además la ejecución estricta de todo aquello que recogen los pliegos de condiciones que regulan esa licitación pública. Ese chequeo exhaustivo debe referirse a la ejecución de cuestiones técnicas respecto a cómo debe prestarse ese servicio público esencial y respecto a sus implicaciones económicas -ingresos y gastos- que derivan de esas prestaciones. En los contratos públicos todo está atado de antemano, no caben interpretaciones de parte ni la introducción de nuevas reglas del juego sin un procedimiento que precisa de una validación legal por parte de los servicios jurídicos del poder adjudicador, el propio ayuntamiento de Santa Cruz, en este caso.
Quejas. Quise entender que esa auditoría de gestión fue contratada a un equipo de profesionales independientes en aquellas fechas aunque nunca trascendieron públicamente las conclusiones del ejercicio de transparencia. En aquella época la oposición en el consistorio habló de irregularidades detectadas en la subcontratación de determinados trabajos a una empresa del propio grupo Sacyr que incumplía lo previsto en los pliegos y que supuestamente fueron sancionadas, aunque -se quejaban airadamente- parece ser que desde la concejalía nacionalista hubo muy poco interés a la hora de reclamar los importes de esas sanciones. Las comportamientos permisivos en la necesaria fiscalización de los servicios públicos, por voluntad política o por falta de medios técnicos, producen un grave quebranto a las administraciones públicas y, por ende, a los ciudadanos que pagamos la fiesta.
Revisión de oficio. Por las últimas noticias publicadas estos días podemos deducir que en Emmasa había otras irregularidades que no se detectaron entonces o que no habían aflorado hasta ahora. Los incumplimientos no prescriben, los contratos públicos pueden ser fiscalizados en cualquier momento por el órgano de contratación, que debe solicitar la compensación por los servicios abonados y no prestados, en su caso, o incluso iniciar la resolución del contrato si detectara graves incumplimientos.
Responsabilidades. La tarea de un nuevo equipo de gobierno -en Santa Cruz entró PSOE y Cs en sustitución de CC y PP- no consiste en perseguir para destruir lo que hicieron sus predecesores. Ahora bien, hacer cumplir los contratos suscritos por el ayuntamiento sí que es una obligación ineludible. Que del ejercicio de esa obligación deriven otras cuestiones que trascienden la mera acción política de garantizar la prestación de servicios se encargan otros estamentos de nuestro Estado de derecho. Con Santa Cruz tienen trabajo. Ya nos enteraremos cómo acaba esto de la empresa mixta de aguas y también de la adjudicación por parte de CC-PP durante la anterior legislatura, precisamente a Sacyr, ¡vaya casualidad!, del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria, con el dictamen en contra de los ingenieros municipales.
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