FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Será por pasta € | Francisco Pomares

No vamos ahora a venir con lo de la mujer del César, no vaya a ser que alguien sienta su sensibilidad herida por citar a Plutarco, pero vivimos un tiempo en el que se han perdido completamente las formas: Moncloa decidió anunciar ayer sorpresivamente la equiparación definitiva de los salarios de la Guardia Civil y la Policía Nacional con los de las policías autonómicas, con una tercera subida a materializar con carácter retroactivo desde enero, pero de la que aún no se sabe cuándo será formalmente decretada. Por supuesto que es una vergüenza que el Estado pague a sus agentes y guardias de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad menos de lo que cobran los policías de las Autonomías. Pero es aún más vergonzoso que el Gobierno anuncie el arreglo de una situación denunciada reiteradamente durante los últimos años, en clave netamente política, como desagravio y mecanismo para desmovilizar protestas, y justo en medio de la grave crisis abierta en la Guardia Civil por el atrabiliario cese del coronel Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de Madrid y responsable de los agentes que investigan por instrucción judicial los antecedentes del 8-M.

El cese de Pérez de los Cobos se produjo apenas unas horas después de que este se negara el pasado domingo a facilitar a dos diferentes responsables del Ministerio del Interior información sobre la investigación judicial. El coronel Pérez de los Cobos alegó desconocer el contenido preciso del informe realizado por sus subordinados (no tiene por qué conocerlo) y recordó a sus interlocutores que el informe es de exclusiva competencia de la juez responsable del caso. Fue cesado fulminantemente por el ministro Grande-Marlaska, que habría alegado inicialmente «perdida de confianza» según las informaciones publicadas por los medios de Madrid, algo que matizó ayer tras las primeras reacciones contrarias al cese, entre otras la dimisión del ‘número dos’ del Cuerpo, el director adjunto operativo de la Guardia Civil, el general Laurentino Ceña, o la comunicación remitida por la jueza a Interior recordando que la Guardia Civil sólo debe informarla a ella. La magistrada Carmen Rodríguez-Medel advirtió de paso a la fiscalía y la abogacía del Estado sobre la responsabilidad penal ante posibles filtraciones.

Grande-Marlaska cambió inmediatamente el discurso del Ministerio para justificar el cese del jefe de la comandancia de Madrid, y alegó motivos internos y de reorganización, una trola bastante poco creíble después de que desde el Ministerio se hubiera cargado contra el coronel acusándole de politización y de tomar partido en la causa que investiga si el Delegado del Gobierno de Madrid (ya imputado) y las autoridades sanitarias tenían conocimiento previo de que era necesario suspender las marchas y movilizaciones del 8-M y otras actividades de masas. En estos días se ha sabido, por ejemplo, que el ministro Illa participó el cinco de marzo en un encuentro –en el que estuvieron el doctor Simón, el delegado del Gobierno en Madrid y el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco- y en el que se prohibió a las Iglesias Evangélicas celebrar un encuentro pastoral para evitar contagios por Covid. Con la imputación del delegado del Gobierno por la jueza, este asunto se convierte en la primera piedra judicial con la que tropieza Sánchez. Ante la tensión producida en el Instituto armado por el cese, Grande-Marlaska anunció por sorpresa y desde Moncloa las subidas salariales a policías y guardias civiles. El PP y Ciudadanos han pedido su dimisión. No se va a producir, pero el juicio público contra el Gobierno es imparable. Los medios de Madrid se han repartido ya los roles de fiscal y abogado defensor en este pleito que ahora comienza.

Añade un comentario

Clic aquí para publicar un comentario