FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Crisis en Educación | Francisco Pomares

La dimisión del director general de Innovación, Ordenación y Calidad Educativa del Gobierno de Canarias, Gregorio Cabrera Déniz, pone de manifiesto la situación de caos y descontrol que se vive en el departamento de Educación: Cabrera presentó su dimisión del cargo ayer, domingo, por la mañana, en respuesta a una abracadabrante propuesta que deja a criterio de los directores o profesores de cada centro la decisión sobre reiniciar o no la actividad educativa a partir de la fase 2, que comenzó hoy. La propuesta ha provocado un general rechazo en la comunidad educativa, dado que deja en manos de la voluntad personal de cada profesor llevar a efecto o no la respuesta para los cambios de etapa educativa, que afectan a alumnos de sexto de Primaria, cuarto de ESO y segundo de Bachillerato, además de trasladar a las directivas de colegios e institutos la responsabilidad por las decisiones que adopten.

Cabrera era partidario de centrar los esfuerzos de la Consejería en garantizar el arranque del próximo curso, pero asumió las instrucciones recibidas para afrontar el proceso de desescalada educativa, incluyendo actividad docente presencial a partir de hoy, posibilidad contemplada en la última prórroga del estado de alarma, en la que se establece que las jerarquías educativas regionales pueden plantear la reanudación de actividades presenciales en la Educación no universitaria y la Formación Profesional, siempre que se haga con carácter general por comunidad autónoma o por ámbito formativo. El gobierno Sánchez reconocía así la competencia de las regiones en materia educativa, una responsabilidad que deben ordenar las regiones como mejor estimen. Tras el fracaso del mando único en la gestión de Sanidad, Sánchez no quiso enfrentarse a una situación parecida en la Educación española y se lavó las manos dando libertad de actuación a las autoridades regionales, asegurando que su Gobierno seguiría «con atención» lo que ocurra y prometiendo prestar ayuda a las comunidades autónomas, si se la piden. Uno se pregunta cómo podría el Gobierno de la nación prestar ayuda en un asunto –la educación pública– del que sólo se han ocupado los gobiernos en las últimas tres décadas para politizar una tras otra las sucesivas leyes educativas.

Como no hay respuesta a esa pregunta, mejor centrarnos en el lío en Canarias: la orden de la consejera, planteada sin consenso con su equipo de dirección y en abierta contradicción con los sindicatos, provocó la dimisión de Cabrera, que Ángel Víctor Torres intentaba reconducir ayer. Una enigmática frase del presidente canario «hasta que no se publique en el Boletín Oficial de Canarias no habrá constancia oficial de la citada dimisión» apunta a las gestiones realizadas por Presidencia para reconducir la situación. A esas gestiones se añade una necesaria intervención de Torres anunciando que las clases telemáticas continuarán hasta fin de curso. Pero la intervención tiene truco, como casi todo en estos tiempos de locura: los alumnos que cambien de etapa educativa serán citados de forma individual a partir del uno de junio para hacer el preceptivo seguimiento. ¿Preceptivo? La asistencia será voluntaria y también la de los profesores. Para iluminar algo la oscuridad, Torres dijo en su comparecencia que la Consejería publicaría ayer, domingo, una orden para definir lo que deben hacer los centros educativos hasta fin de curso. A las once y media de la noche la orden aún no estaba colgada en la página del BOC.

Añade un comentario

Clic aquí para publicar un comentario