Lo primero es recordar que el mes de enero siempre es malo para el empleo: ocurre siempre tras concluir las fiestas de navidad y año nuevo, cuando se liquidan los contratos temporales del comercio, la hostelería y la restauración, además de muchos contratos que suelen vincularse al año natural. Ocurre así desde que se manejan estadísticas fiables de contratación y de paro: desde hace años, lo que suele ocurrir en enero es que caigan las afiliaciones a la Seguridad Social y aumente el paro registrado.
Es frecuente que los datos de enero machaquen las expectativas creadas por la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre, como ha ocurrido también esta vez, aunque es verdad que la situación este concreto mes de enero ha empeorado, probablemente como consecuencia del enfriamiento económico, cada vez más obvio y medible. La cuestión es que a pesar de que el empleo se mantiene aún por encima de los 19 millones de afiliaciones, se ha desplomado en casi un cuarto de millón de contratados en enero, de los que más de 11.600 se han perdido en Canarias. Y el paro, siguiendo su tradicional cuesta de enero, ha aumentado en más de 90.000 apuntados al desempleo, alcanzando los tres millones y cuarto, casi tres mil más en Canarias en relación con diciembre, y 1.750 más que hace un año.
Son cifras malas, que además se producen coincidiendo con la aprobación de medidas como la segunda subida del salario mínimo en un año, desde los 900 euros a los 950. En total el salario mínimo ha subido desde los 735 euros a los 950, un 22,3 por ciento en 2019 y un 5,5 en 2020. La subida salarial de este año ha sido menos contestada por los empresarios que la del anterior, no sólo porque es mucho más baja, también porque se pactó con los agentes sociales. Pero han vuelto a aparecer voces que vinculan la caída del empleo a las últimas subidas del salario mínimo.
Aunque es difícil establecer una influencia determinante en la destrucción de empleo al crecimiento del SMI, lo cierto es que la reacción a esas subidas de muchas empresas pequeñas, o de empleadores autónomos, puede ser la contracción de las contrataciones, o incluso el despido de trabajadores. El Gobierno suele alegar que el impacto que pueda tener para la economía la posible reducción de trabajadores contratados se compensa con la disponibilidad de mayores recursos para el consumo, al aumentar la renta de los trabajadores con menos ingresos y su capacidad de gasto.
Pero lo que nos oculta el Gobierno es que los 700 euros que ha aumentado el salario mínimo bruto anual con esta última decisión provocan que el trabajador tipo -soltero, sin hijos, sin minusvalías- deje de tributar al 2,46 por ciento del total de su sueldo y pase a hacerlo al 4,39, con lo cual su salario mensual apenas sube 28 euros, menos de 400 al año. El Estado se queda con 300 y pico euros de la subida, y lo que permanece en el bolsillo del trabajador da para una muy pequeña excitación del consumo. Eso sí, la decisión de aumentar el salario mínimo proporciona unos muy suculentos ingresos al Tesoro Público: quien paga el aumento es el empleador (en España, nueve de cada diez trabajadores del sector privado trabajan en pymes o para autónomos), pero quien se lo lleva crudo es el Gobierno. No el trabajador. Y esa es la parte que no se cuenta.
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