FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | A Babor | Una cuestión de justicia | Francisco Pomares

Durante los últimos treinta o treinta y cinco años, primero como consecuencia de la pujanza de la actividad turística, pero más tarde también como resultado de la aproximación del poder a los ciudadanos que supuso la democratización de los municipios y la creación del Estado de las Autonomías, y por último, desde 1982, como respuesta al creciente peso político de Canarias en el concierto de la Unión Europea, se ha producido una considerable mejora de las comunicaciones y de las infraestructuras de la isla de Tenerife.

Todos esos factores -la superación de las crisis turísticas de 1973, 1979 y de la crisis económica de 2008, la llegada de la democracia a los municipios, el creciente papel adquirido por las islas gracias a la autonomía regional, las grandes inversiones públicas de la primera década del siglo- han sido decisivos para que Tenerife haya vivido un despegue económico importantísimo. A remolque de ese desarrollo del comercio, la construcción y los servicios, se han producido importantes cambios económicos, sociales y culturales en el paisaje humano de la isla. El más importante de todos ellos es el que supone la actual existencia de un eje social y económico distinto del eje tradicional Santa Cruz-Laguna, que es el que constituyen los municipios del Sur: un territorio cuya economía ha crecido exponencialmente, consolidando un paisaje cada vez más urbano y una demografía basada no sólo en las potencialidades de su propia población, sino en la enorme capacidad de atracción de personas de otras latitudes, que acuden llamadas por la expectativa de una economía que ha crecido a un ritmo muy superior al de cualquier otro territorio insular.

Como consecuencia de esos grandes cambios, que afectan al territorio, a la demografía y a la economía, el Sur de Tenerife, ese amplio solar que se extiende desde Güímar a Santiago del Teide, es hoy una sociedad mucho más avanzada que hace veinte años, pero también mucho más compleja. Con una realidad sin duda muy mejorable, especialmente en lo que se refiere a infraestructuras públicas y a servicios ciudadanos. Podría decirse que el Sur sufre la injusticia de aportar a la economía regional mucho más de lo que recibe, por eso desde el Sur se considera llegado el momento de hacer valer ante el conjunto de Tenerife y de Canarias la enorme aportación que hace al PIB de la Isla y la región, e iniciar el retorno en forma de infraestructuras viarias y de transportes, como el cierre definitivo del anillo insular, de mejoras en el aeropuerto, de materializar la inversión en el Puerto de Fonsalía, pero también en forma de más dotaciones en seguridad, de inversiones hospitalarias, de educación, de nuevos recursos para la atención e integración de inmigrantes, de conexión de los municipios a los circuitos culturales y a otros servicios… en fin, que vuelvan en mayor medida que hasta ahora, esos recursos y capitales que permitieron hace dos décadas el espectacular florecimiento urbanístico de la capital de la isla.

Vivimos el inicio de importantes cambios: cambios que se perciben en la creciente movilización ciudadana en defensa de valores medioambientales, pero también pidiendo mayor inversión en hospitales e infraestructuras imprescindibles, que cuestan algo más de 3.000 millones, de euros, según informaba el domingo este periódico. Pero no sólo se trata de dinero, también de actitudes: hay que enfrentarse a la resistencia y cobardía de quienes siguen retrasando decisiones imprescindibles para evitar el colapso futuro del abastecimiento eléctrico, o frenando la puesta en marcha de un área logística e industrial en Granadilla, que permita un desarrollo menos dependiente de la capital. Es ya una cuestión de justicia.

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