Hay que dar respuesta urgente a la enorme demanda social
EBFNoticias | La vivienda se ha convertido en una de las principales demandas de la sociedad. Es perentorio, desde un punto de vista económico y social, la construcción del número suficientes de viviendas que de respuesta a esta necesidad fundamental. FEPECO propone al Gobierno Autónomo que impulse, lo más rápido posible, un PACTO CANARIO POR LA VIVIENDA, articulado a través de la revisión de la vigente Ley de Vivienda de Canarias, que sirva de referencia a todas las demás normativas regionales y sectoriales sobre el asunto, así como revisar, mejorar y dotar de objetivos y contenido concreto al Plan de Vivienda de Canarias 2019-2022, para que sea verdaderamente una herramienta útil para facilitar el acceso a la misma. Deberían participar las distintas administraciones, autonómica, insular, local y entidades, instituciones y organizaciones afectadas e implicadas en la vivienda. Serviría para sumar propuestas, acciones y decisiones que posibiliten una política público-privada operativa y con resultados.
Es urgente implantar las condiciones urbanísticas, estímulos económicos, financieros y fiscales necesarios para que la iniciativa privada constituya, junto con las administraciones, un extenso parque público-privado de viviendas, haciendo hincapié en las de alquiler. Se ha de promover el incremento de la oferta de vivienda a través de diferentes herramientas, en distintas líneas de actuación, entre ellas, el impulso a la rehabilitación, reforma, conservación, mantenimiento de inmuebles y la colaboración público-privada para la promoción de viviendas protegidas en régimen de alquiler. Mejorar la seguridad y la accesibilidad, la eficiencia energética y sostenibilidad en las viviendas, significa seguridad, mayor calidad de vida e incremento del valor patrimonial. Todo son ventajas.
Oscar Izquierdo, presidente de FEPECO señala que : “sanidad, educación y vivienda, deberían estar considerados pilares de un gobierno moderno y responsable, pero en Canarias, se han convertido desde hace décadas, en la gran asignatura pendiente por aprobar. Hay que implementar una política pública de vivienda cuya finalidad principal sea el procurar la existencia de un mercado que funcione adecuadamente, en respuesta a esta necesidad básica. Los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para establecer las normas pertinentes, para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible en función de su capacidad económica. Además, como derivada básica de la política pública de vivienda, se ha de articular una adecuada política de vivienda pública mediante la cual, la administración, en sus distintos niveles competenciales, sea capaz de dar respuesta a los problemas de emergencia habitacional existente en determinados sectores de la población con insuficiencia de recursos o sencillamente sin ellos. En este sentido, se ha de poder garantizar una alternativa habitacional a las familias en riesgo de exclusión social y con menores a cargo y el acceso a un alquiler social que no supere el 30% de sus ingresos, preferentemente en su propia vivienda”.
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